La reelección de Ordóñez Brasdefer se dio en un clima de alta inconformidad social, con sectores que acusan que su permanencia responde más a decisiones políticas que a una evaluación seria de su desempeño.
En un intento por «curarse en salud» ante las múltiples acusaciones de omisión y falta de resultados, Jakqueline Ordóñez Brasdefer respondió con un discurso hostil, sarcástico y carente de autocrítica, luego de tomar protesta para un segundo periodo como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Tlaxcala.
Durante la sesión del Congreso local, Ordóñez Brasdefer fue confrontada con consignas y gritos de protesta por parte de mujeres activistas que le reclamaron “abandonar a las víctimas”, y recordaron su silencio ante múltiples casos de violencia, especialmente contra mujeres, durante su anterior gestión.
Posteriormente, en entrevista, en lugar de reconocer fallas, la funcionaria respondió con frases generales que fueron vistas por diversas organizaciones como un intento de neutralizar las críticas sin asumir responsabilidad real.
“Mantengo el reto de reconstruir esa apertura… Siempre he escuchado a las personas que se suman a alguna crítica, siempre aprendemos algo”, dijo Ordóñez, sin referirse directamente a los casos que le fueron reclamados.
Agregó que ha abierto las puertas de la Comisión a la sociedad civil y que incluso ha mantenido comunicación con activistas.
Sus declaraciones reflejan una postura evasiva, en la que la funcionaria prefiere presentarse como “constructora de paz” en lugar de asumir su papel frente a las denuncias de inacción institucional.
“Mi compromiso es trabajar con responsabilidad y autonomía”, insistió Ordóñez, sin hacer referencia a los casos concretos por los que ha sido señalada, ni a las víctimas que aseguran no haber recibido apoyo ni seguimiento.
Con un discurso cargado de generalidades y frases diplomáticas, Ordóñez evitó mencionar los casos emblemáticos en los que la CEDH guardó silencio, como el pasado 8 de marzo, cuando mujeres manifestantes fueron violentadas y detenidas arbitrariamente sin que la Comisión emitiera recomendaciones ni acompañamientos.
La reelección de Ordóñez Brasdefer se dio en un clima de alta inconformidad social, con sectores que acusan que su permanencia responde más a decisiones políticas que a una evaluación seria de su desempeño. Pese a las protestas y críticas públicas, la mayoría del Congreso local avaló su continuidad por cuatro años más.
