El fallo del INE fue decisivo luego de que López Torres no alcanzó el promedio de 8.0 exigido por la normativa, y tampoco acreditó el nivel de especialización en materias jurídicas.
En un golpe directo a la improvisación disfrazada de institucionalidad, el Instituto Nacional Electoral (INE) dejó sin efecto la postulación de Fernando Rodrigo López Torres como magistrado electoral, luego de confirmar que no cumple con el promedio mínimo requerido en la licenciatura en Derecho. La resolución, además de cancelar su aspiración, deja en evidencia el uso político de cargos judiciales en entidades como Tlaxcala.
El fallo del INE fue decisivo luego de que López Torres no alcanzó el promedio de 8.0 exigido por la normativa, y tampoco acreditó el nivel de especialización en materias jurídicas. Su designación fue una de las 33 anuladas a nivel nacional, pero su caso destaca porque revela el intento de imponer, sin sustento académico, a un perfil vinculado con intereses políticos locales.
Lejos de representar un error aislado, el caso López Torres ejemplifica el reciclaje constante de figuras sin la preparación suficiente, pero con conexiones partidistas suficientes para ser promovidas.
Lo más grave es que este tipo de postulaciones no solo comprometen la legalidad, sino también la confianza ciudadana en las instituciones electorales.
