El punto de ruptura fue la cuenta pública del segundo trimestre de 2026.
La administración de Juan Ramírez Ávalos, presidente municipal de Xicohtzinco, enfrenta la rebelión total de su propio gobierno. La síndico municipal y los seis regidores que conforman el Cabildo solicitaron la intervención directa del Congreso del Estado, tras documentar presuntas irregularidades que han marcado su gestión.
El expediente, ya en manos de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Poder Legislativo, expone lo que al interior del Ayuntamiento califican como un mal manejo de recursos públicos y una operación administrativa viciada de origen.
De acuerdo con la documentación presentada por los propios munícipes, el gobierno de Ramírez Ávalos estaría operando con presuntas nóminas fantasma, recursos públicos presuntamente mal empleados, entrega discrecional de apoyos a familiares de funcionarios y posibles actos de nepotismo.
Hechos que, aseguran, están respaldados con documentos y que fueron denunciados internamente sin respuesta. La gravedad del caso se agudiza porque esas observaciones, denuncian, no aparecen reflejadas en las cuentas públicas municipales. Están denunciadas, pero no están registradas.
Por ello, la queja es también para el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) quien no estaría actuando conforme a la legalidad, sino solapando las anomalías al omitirlas en los procesos de fiscalización.
El punto de ruptura fue la cuenta pública del segundo trimestre de 2026. La síndico municipal se negó a suscribirla e informó formalmente al titular del OFS las razones de su negativa, evidenciando la fractura total al interior de la administración. Desde el inicio de su mandato, la constante ha sido la misma, señalan ciudadanos y miembros del Cabildo no hay obra pública, impera el desorden financiero y mientras tanto el alcalde goza de privilegios y ejerce un abuso de poder al disponer de recursos que son del pueblo para darles otro uso.
Ahora el Congreso local tiene la palabra. Deberá analizar las pruebas y determinar si los hechos denunciados por la totalidad del Cabildo ameritan el inicio de investigaciones y el fincamiento de responsabilidades administrativas.
Mientras la revisión avanza, sobre el gobierno de Juan Ramírez Ávalos pesan los señalamientos más graves que un alcalde puede enfrentar: el de ser acusado por su propio Ayuntamiento de un posible uso irregular del dinero público y de convertir la presidencia en un negocio de favoritismo familiar.
