ONG’s exigen al Estado mayor eficiencia para prevenir la trata 

Maritza Salazar/*/Actualmente Tlaxcala ocupa el segundo lugar con mayor número de denuncias por presuntas víctimas de trata, esto de acuerdo con el documento “Información sobre violencia contra las mujeres”, publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Ahí se detalla que a nivel nacional, de enero a junio de 2020, se registraron 213 casos de mujeres que fueron blanco de ese delito, de los cuales, nueve corresponden a la entidad; hecho que a decir de las organizaciones civiles, “es resultado de la deficiente aplicación de la política pública existente en el estado”.
Así lo señalaron, los representantes del Centro Fray Julián Garcés y las Organizaciones de la Iniciativa Popular contra la Trata de Mujeres y Niñas en Tlaxcala, durante el conversatorio “Las escuelas como espacio potencial para contribuir a la prevención de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
Evidenciaron que a un año de que concluya la administración del gobernador Marco Mena el “Programa estatal para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de los mismos 2018 – 2021” ha tenido muchas deficiencias y no se ha ejecutado al 100%.
En ese sentido, mencionaron que en agosto del 2019 la Secretaría de Gobierno informó que generaría un diagnóstico integral antropológico sobre la trata de personas en la entidad mismo que se incluiría en el proyecto “Empoderamiento de las mujeres, niñas y adolescentes para erradicar la violencia en Tlaxcala”, para lo cual contrató a O y A Consultores S.C por un monto de 1 millón 446 mil 984 pesos pero hasta el momento no se ha concretado.
Además para cumplir con otro rubro del programa, que es el de incorporar una política de estado integral en materia de comunicación social en la que se diseñen e implementen campañas permanentes dirigidas a mujeres y hombres, la misma dependencia señaló que es necesario tener el diagnóstico finalizado.
Tampoco se han generado las estrategias de “Difundir una serie documental sobre la trata de personas en el estado”, la elaboración de “Programas de Desarrollo Local…”, ni se han firmado convenios con empresas o industrias para la implementación de acciones para prevenir este delito.
De igual forma, dieron a conocer que le pidieron a la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), información sobre el programa de información y sensibilización en los niveles de educación básico y medio superior, a fin de crear una cultura de prevención de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, priorizando las zonas más afectadas por este delito.
El diseño e implementación de una materia sobre derechos humanos, género, sexualidad y trata de personas para el nivel básico y medio superior de educación en el Estado de Tlaxcala.
La formación a enlaces educativos de nivel básico y medio superior para la implementación de acciones de prevención, entre otros, sin embargo esta dependencia encabezada por Florentino Domínguez Ordóñez, no proporcionó la información solicitada en el tiempo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, por lo que las ONG’s interpusieron un recurso de revisión en el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP Tlax).
“El 14 de febrero del año en curso, el titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Educación Pública y Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala emitió un informe justificado en el que admite que no dio contestación en el tiempo legal establecido, pero refirió que la solicitud hecha a está institución fue remitida a la instancia correspondiente para su pronta respuesta, hecho que no ha sucedido.
Por todo lo anterior, el Centro Fray Julián Garcés y las Organizaciones de la Iniciativa Popular contra la Trata de Mujeres y Niñas en Tlaxcala, exigieron que que antes de que termine la actual administración estatal la SEPE inicie la implementación del programa educativo que incluya mecanismos claros para la construcción de una la masculinidad no violenta.
Que se fortalezcan los mecanismos de protección y atención para las mujeres que deciden denunciar a los tratantes y que la Procuraduría General del Justicia del Estado (PGJE) y el Poder Judicial, endurezcan los mecanismos para la investigación y sanción a las redes de tratantes de mujeres y niñas, y, en su caso sancionen a las autoridades que favorezcan la impunidad o los actos de corrupción.
También hicieron un llamado a la sociedad en general pero en especial a los varones a quienes les pidieron dejar de fomentar este delito.