Este miércoles 9 de agosto, la diputada local integrante de la LXIV legislatura, Blanca Águila Lima en su calidad de ciudadana, participó en la “Mega Marcha por Tlaxcala», una movilización pacífica en la que miles de ciudadanos hicieron un enérgico llamado al Gobierno del Estado a dar respuesta a todas las peticiones de los diversos sectores de la sociedad.
Alrededor de las 8:00 horas, la diputada local se dio cita en el Asta Bandera de La Virgen en Ocotlán, en la capital del estado, para participar en este evento, en la que una de las peticiones a las que también se sumó Águila Lima, fue al rechazo a la represión que las autoridades estatales han emprendido en contra de las manifestaciones en la entidad.
En entrevista, precisó que su participación la hizo a invitación de los grupos que convocaron la marcha para exigir al gobierno estatal la atención a diversas demandas que siguen pendientes.
“Vengo como representante popular a apoyar a las ciudadanas y ciudadanos con problemas de todos conocidos. Hago un llamado a la gobernadora del estado Lorena Cuéllar Cisneros para que abra las puertas, el diálogo y dé soluciones”, dijo.
Para Blanca Águila, esta movilización pudo ser evitada si la actual administración estatal “hubiera respondido de manera correcta, sin represiones ni violencia”, a las solicitudes de los diferentes grupos que este miércoles se sumaron en una gran marcha porque se sienten lastimados.
Por ello, opinó que la “Mega Marcha por Tlaxcala” es inédita, ya que no se habían reunido de esta manera los diversos sectores de la población.
“Entonces, algo pasa. Algo pasa y deben entender que están aquí para gobernar, que no son dueños de Palacio de Gobierno, porque es una representación temporal en la que están obligados a hacer lo mejor que puedan por el bien de la gente. Para eso son las mesas de diálogo, para hacer entrar en razón a las partes, pero no a través de la represión, ni del autoritarismo ni la soberbia, que se aprecia usando la fuerza pública”, expuso.
La legisladora local recordó que la fuerza pública debe servir para enfrentar a la delincuencia, no a los ciudadanos; incluso para atender el creciente problema de violencia, a fin de evitar que el número de víctimas siga en aumento.
Observó que varios municipios registran homicidios, así como linchamientos, por falta de condiciones de gobernabilidad. También, se trata de emprender proyectos, como el Autotrén, “que no hacen falta”, en vez de infraestructura que sirva a los ciudadanos. Y a ello se suma, la situación de varios sindicatos en los que se ha pretendido tener injerencia por parte de la autoridad estatal, que además ha desconocido compromisos contraídos con sus agremiados, lo que representa una violación de derechos sindicales y laborales.