En el contexto actual, las diferencias persisten entre los manifestantes de las localidades de San Pedro y San Cosme, quienes no lograron establecer un diálogo en la noche del 8 de agosto para abordar sus respectivas problemáticas. Como resultado, optaron por tomar las instalaciones de Casa de Cultura, Servicios Municipales y el Registro Civil, con el propósito de ejercer presión y demandar respuestas a sus demandas.
Aunque el presidente municipal convocó a los manifestantes a una reunión en la dirección de seguridad pública, ubicada en El Cristo, los vecinos declinaron la invitación y solicitaron en cambio que el presidente se dirigiera a la Casa de Cultura o a la presidencia del barrio de San Miguel.
Dado el fracaso en alcanzar acuerdos, los manifestantes tomaron medidas más drásticas al soldar los accesos de estas dependencias municipales.
Es importante destacar, que el presidente municipal aún tiene esperanzas de poder resolver sus inconformidades y poder ayudar a los manifestantes en acompañamiento a sus peticiones y poder llegar al diálogo.
En relación a esta situación, en días recientes diversos comités de la comunidad de San Pedro notificaron a la gobernadora y al Congreso local sobre las inquietudes en ese barrio.
El Comité Comunitario Anticorrupción informó al Congreso que el presidente de San Pedro, desde su toma de protesta, no había presentado informes ni proporcionado sellos a las áreas administrativas.
Por su parte, integrantes del Comité de Hacienda y el Comité Ciudadano del barrio de San Pedro enviaron un escrito a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, expresando su presencia en el informe del presidente de esa comunidad.
Al mismo tiempo, miembros del Frente Único Mexicano de San Pablo del Monte comunicaron al Congreso local la discrepancia de los ciudadanos de San Pedro con respecto al informe del presidente de la comunidad.
Todos estos documentos fueron remitidos a la Comisión de Asuntos Municipales, encabezada por la diputada Mónica Sánchez Ángulo, para su revisión y consideración.
Hasta el momento, son exclusivamente los ciudadanos de San Pedro quienes han informado tanto a la gobernadora como a los legisladores, lo que sugiere que la problemática persistirá.
