Mientras Alfonso Sánchez García ve cada vez más lejana la posibilidad de ser candidato de Morena la Senado de la República, su esposa Marcela González Castillo está por sufrir una derrota legal que la dejará mal parada frente a su jefa política.
Resulta que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó la demanda de acción de inconstitucionalidad 79/2023, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala.
Esa norma fue enviada por la gobernadora Lorena Cuéllar al Congreso del Estado, donde González Castillo, como coordinadora de Morena, impuso su aprobación con el apoyo de diputados aliados.
La también presidente da la Junta de Coordinación y Concertación Política no le movió ni una coma a la iniciativa que se aprobó en el mes de febrero de 2023.
Sin embargo, no contaban con que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la impugnaría el 16 de marzo de 2023.
El organismo combate la legalidad de los artículos 1, fracción IX, en su porción normativa “se haya declarado la extinción de dominio, mediante sentencia definitiva, o bien sobre los cuales”; 7, fracciones IV, en la porción normativa “o extinción de dominio”, VI, VIII, en la porción normativa “o de extinción de dominio”, XII, en la porción normativa “y extintos”, XIII, en las porciones normativas “causaron extinción de dominio” y “en proceso de extinción de dominio o», XXII, en la porción normativa “o extinción de dominio”; 32, primer párrafo; 99, fracción III, en su porción normativa “y extinción de dominio”; la totalidad de los Capítulos VI —que abarca los artículos 103 a 114— y VII —artículos 115 y 116—; 120, en la porción normativa “y extinción de dominio”, 123, fracción I, 124, en la porción normativa “o que se haya declarado su extinción de dominio”, 125, en su porción normativa “o de extinción de dominio”, y 126, en su porción normativa “y extintos”.
Como probablemente sucederá, la Suprema Corte le dará la razón a la Comisión Nacional, y se vendría abajo la ley que, entre otros puntos, prevé la creación del nuevo Instituto Tlaxcalteca para Devolver al Pueblo lo Robado, el cual, según ha trascendido, estará a cargo del ex director Jurídico de la Secretaría de Gobierno, Miguel Sánchez Ramírez.
Por lo visto, el karma alcanzará a todos en este asunto, empezando por Sánchez Ramírez, quien hacía negocio con los laudos laborales que deliberadamente perdía en la Dirección Jurídica, con el apoyo de sus “amiguitas”, ya que se le caerá el puesto.
También alcanzará a la diputada Marcela González, quien, por su sumisión y soberbia, no advirtió que el Congreso del Estado, al aprobar dicha ley, invadía facultades del Congreso de la Unión, ya que la Extinción de Dominio es materia federal.
Y por si fuera poco tocará a la jefa del Ejecutivo estatal, puesto que encomendó la aprobación de una ley que está por ser revocada, si consideramos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha ganado todas las impugnaciones presentadas en contra del Congreso local.
