El TFJA había validado que las pérdidas por la venta de acciones de empresas controladas, registradas en los ejercicios desde el 2008
Este jueves, un Tribunal Federal ratificó un crédito fiscal de 18 mil 455 millones de pesos contra Grupo Elektra de Salinas Pliego. La decisión, tomada por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, se dio con una votación de dos a uno. Elektra había solicitado un amparo directo contra una sentencia previa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). La cual en octubre de 2020 había validado la legalidad del crédito fiscal derivado del ISR omitido en el ejercicio fiscal de 2013.
Recientemente, otro tribunal colegiado también negó a Elektra un amparo directo contra un crédito de mil 431 millones de pesos correspondiente al ejercicio de 2008. Este caso igualmente será llevado a la Corte.
El crédito de 18 mil 455 millones de pesos se determinó debido a que, en 2014, cuando Salinas Pliego (Elektra) salió del régimen de consolidación fiscal, no revirtió las pérdidas de sus filiales que había utilizado para pagar menos ISR en años anteriores.
Se habían presentado pérdidas en ventas
El TFJA había certificado que las pérdidas por la venta de acciones de empresas controladas, registradas en los ejercicios de 2008, 2010, 2011 y 2012. Por lo que debían ser revertidas en la declaración complementaria de 2013, proceso que inició la desconsolidación. Así lo sostuvieron los magistrados Alvarado y Martha Ortiz Brena.
El magistrado, Fernando Silva García, quien en febrero pasado vio su proyecto de amparo a favor de Elektra ser rechazado, fue el único en apoyar a la empresa.
Silva García subrayó que en 2016 el SAT rechazó las pérdidas fiscales de Elektra, pero en 2018 las consideró válidas, lo que detalló como un “giro de 180 grados” y calificó de “práctica abusiva y coactiva” de las autoridades del sexenio pasado, con el objetivo de que Elektra pagara créditos previos.
Mientras tanto, se mantiene en el centro de un debate fiscal que podría tener repercusiones a largo plazo para otras empresas en situaciones similares. Las autoridades fiscales, por su parte, parecen firmes en su postura de asegurar el cumplimiento estricto de las obligaciones tributarias.
