El presidente municipal de Tlaxcala Alfonso Sánchez García, enfrenta serias acusaciones tras el proceso de fiscalización correspondiente a 2022, cuando se desempeñó como titular de la Secretaría de Infraestructura, donde se le atribuye una probable afectación a la Hacienda Pública por un monto de 20 millones 515 mil 773.05 pesos, lo que podría llevar a demandas de acción penal contra Sánchez García.
Los informes revelan varias operaciones ilícitas, destacando, entre ellas, cargos a la partida 6142, correspondiente a la «Construcción de Obras de Urbanización para la Dotación de Servicios».
Uno de los contratos más cuestionados es el SI/INFRA/128/22, relacionado con el «Proyecto integral a precio alzado del corredor urbano sobre el primer tramo del río Zahuapan», que incluye un importe de 57,109,039.00 pesos.
En la obra con número de contrato SI/INFRA/128/22, se detectó pago sin acreditar su existencia física, toda vez que, en coordinación con el residente, y constituidos en la ubicación de la obra se constató que no había sido iniciada, a pesar de que el periodo de ejecución había concluido y no se presentaron convenios modificatorios ni justificaciones adecuadas, por un importe de $7’585,762.54
Mientras que en la obra con número de contrato SI/INFRA/111/22, se detectaron conceptos de obra pagados no ejecutados, por un importe de $1’297,650.50.
Según la fiscalización, este monto corresponde a la totalidad del contrato, pero no se presentó la documentación necesaria que compruebe el importe devengado.
Asimismo, se reporta otro cargo por un importe de 15,481,148.04 pesos por el mismo proyecto, donde se detectó que solo se presentó documentación del anticipo, sin respaldo que justifique el total del contrato, resultando en un registro no comprobado de esta suma.
Por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) tendría la obligación de investigar las acciones ilícitas en que incurrió el alcalde capitalino cuando se desempeñó en el gobierno lorenista, a fin de que se le emitan las responsabilidades correspondientes, tomando decisiones firmes que aseguren la rendición de cuentas y combatan la corrupción en la administración pública, en un momento en que la transparencia y la confianza son más necesarias que nunca.
