Sí existe la diputada 26, es la esposa de Junior y estaría ganando cerca de los 100 mp
González Castillo es conocida por su vinculación con el exgobernador José Antonio Sánchez Anaya, quien, junto a su familia, ha mantenido una posición de poder en la política tlaxcalteca.
Marcela González Castillo, esposa del alcalde junior de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García asumió la dirección de asuntos sin importancia en el Congreso del Estado y se estaría embolsando un salario aproximado de 100 mil pesos mensuales.
La mujer se siente la legisladora número 26 y tiene su oficina a un costado del Comité de Administración, hay quienes ya atestiguaron y –dicen- que lo que antes era la sala de reuniones de dicho órgano interno fue adaptado con muebles y acabados de primera para mayor comodidad de la presidenta honorifica del DIF de la capital.
A pesar de su sueldo considerable, González Castillo no ha logrado justificar públicamente las funciones que desempeña.
La falta de transparencia sobre su labor ha generado desconfianza y dudas acerca de la utilidad de su puesto, ya que no se reportan logros concretos. Y muchos están mas que encabronados porque no produce, pero bien que cobra.
La señora devenga un salario por pago político y se ha aferrado a mantenerse en el Congreso local demostrando su inmadurez, soberbia y necedad de pertenecer a un lugar donde no hay cabida para ella. Esto luego de que no lograra la curul plurinominal en el pasado proceso electoral.
González Castillo es conocida por su vinculación con el exgobernador José Antonio Sánchez Anaya, quien, junto a su familia, ha mantenido una posición de poder en la política tlaxcalteca.
Los rumores de nepotismo y favoritismo político han crecido ante la percepción de que su nombramiento y asignación de recursos públicos están más relacionados con su relación familiar y personal que con sus méritos o desempeño en el cargo.
La denuncia de la inactividad de González ha generado un amplio rechazo tanto entre opositores políticos como entre algunos sectores de la ciudadanía que exigen más transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
