A través de una denuncia ciudadana una persona acusó a elementos de la policía estatal de supuesto abuso de autoridad, extorsión y uso indebido de la fuerza pública.
El incidente ocurrió cuando el conductor de un vehículo, que recién había llegado de Matamoros, fue detenido por los uniformados en la carretera, debido a que no portaba placas en su automóvil.
El motivo de la falta de placas era que el vehículo venía de un lugar donde se comercializan autos extranjeros con pedimento, lo que justifica que no estuviera emplacado aún.
De acuerdo con el relato del afectado, el conductor se identificó correctamente y presentó los documentos legales pertinentes que acreditaban la legalidad de su vehículo.
Sin embargo, los oficiales le exigieron una suma considerable de dinero a cambio de permitirle continuar su camino, lo que constituye un claro acto de extorsión.
Ante la negativa del conductor de pagar dicha cantidad, los elementos de la Policía Estatal lo dejaron ir, pero en un acto de abuso de poder, salieron de la jurisdicción de Tlaxcala para perseguirlo hasta el municipio de Felipe Ángeles – Puebla, una localidad fuera de su ámbito de actuación.
Los hechos fueron corroborados por varios testigos, incluidos otros conductores que también recibieron la misma solicitud de pago, aunque el único al que lograron dar alcance fue al denunciante. En un acto violento, los agentes estatales comenzaron a realizar disparos contra el vehículo del conductor, sin justificación alguna. Además, solicitaron el apoyo de la policía municipal de Felipe Ángeles para detener al chofer.
El conductor, que actualmente se encuentra detenido, desconoce el paradero de su unidad, la cual fue baleada durante la persecución. Es importante resaltar que este accionar de la Policía Estatal de Tlaxcala no solo es ilegal, sino que también infringe derechos humanos, al violar los límites de su jurisdicción y emplear medidas de violencia innecesarias y desproporcionadas.
Esta denuncia evidencia los abusos de autoridad por parte de los cuerpos policiacos donde los hechos de extorsión y violación de derechos humanos se han incrementado.
Las autoridades competentes deben investigar este caso a fondo, garantizar la integridad del detenido y sancionar a los responsables de estos actos. Además, es urgente que se implementen mecanismos de control y supervisión más estrictos para evitar que este tipo de situaciones se repitan.
