El jugoso negocio del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (OFS) está a punto del colapso porque los auditores se quedarán con las ganas de seguir presionando a los presidentes y expresidentes para que sus estados financieros salgan a flote.
Sólo es cosa de que las autoridades municipales estén dispuestas a cerrar filas y promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que el órgano estatal haga su trabajo y no se meta en temas que le competen a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Y es que el órgano local puede realizar auditorías a los fondos financieros, pero sólo con secuelas –políticas-, “más no sanciones legales”, con esto dejó de ser una amenaza para aquellos que no quieren sumarse al proyecto oficialista con miras a la sucesión.
“Viene gente del órgano a querernos intimidar, o marchamos al ritmo de los Anaya o empiezan las secuelas políticas que se verán reflejadas en las cuentas públicas”, compartió su experiencia un presidente municipal de algún lugar del estado.
Recuerda usted que la controversia constitucional que promovió la defensa del ex presidente de Zacatelco, Hildeberto Pérez Álvarez, conocido como El Cachorro, logró la razón del Tribunal Constitucional de México en donde dejan en claro que el Congreso del Estado y el OFS pueden auditar y calificar más no proceder legalmente contra nadie.
Esta es la clave del éxito de muchas autoridades y ex autoridades que aun arrastran el gandallismo de la institución que encabeza Arturo Lucio Salas Miguela.
“117. Como puede observarse, la Constitución local establece la facultad del Congreso local para calificar la Cuenta Pública, no obstante, cualquier calificación, así se exprese en “aprobar”, “no aprobar”, “calificar” o determinar que “no cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia” la cuenta pública, no puede tener ninguna consecuencia jurídica, sino que en todo caso sólo tiene consecuencias políticas, pues dichas calificativas denotan el resultado de análisis de la cuenta pública que practicó el órgano legislativo a partir de los informes que le presentó el órgano fiscalizador”, se cita el extracto de la controversia constitucional.
El Diario Oficial
El Diario Oficial de la Federación hizo público un desplegado en el que informó que las cuentas públicas 2024 de los 60 municipios del estado serán fiscalizadas por la ASF.
Es decir, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (OFS) ya le recortaron tareas y por ende será imposible que sus observaciones se puedan seguir utilizando como látigo político para someter a todo aquel presidente que se quiera salir del huacal o incluso meterlo a la cárcel.
Esto indica que el OFS que actualmente representa Arturo Lucio Salas Miguel sólo le corresponderá revisar la partida de ingresos propios que representa apenas el 10 por ciento del total de la cuenta pública de cada ayuntamiento.
Por otro lado, a la Auditoría Federal le corresponderá la aplicación y comprobación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FIMS), el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) y el Gasto Corriente
“Con fundamento en los artículos 47 y 89 fracción IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, publica el programa anual de auditorías para la fiscalización superior de la cuenta pública 2024”.
El OFS y el Poder Legislativo no tienen poder para castigar legalmente.
Con todo lo anterior la calificación que dé o no el Poder Legislativo ya no tiene ni un impacto legal, pues en todo caso eso le corresponde a las autoridades federales una vez que tengan los informes de resultados de cada una de las cuentas públicas.
Es ilegal que los auditores del OFS anden brincando de presidencia en presidencia para ofrecerle a los alcaldes la oportunidad de solventar la lista de observaciones a cambio de una buena lana.
O bien, no ser hostigados en la revisión de los estados financieros siempre y cuando estén dispuestos a sumarse al proyecto de la sucesión oficialista para que en el 2027 se garantice la llegada de un “amigo”.
