El incumplimiento de la alcaldesa Jiménez Rugerio refleja su desconocimiento y falta de capacidad para implementar acciones efectivas en favor de la seguridad de los ciudadanos.
Debido al incumplimiento de su obligación de invertir en seguridad pública y de presentar los informes requeridos ante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamum), un total de 11 municipios de Tlaxcala no recibirán el beneficio de los casi 300 millones de pesos que la Federación había asignado para este rubro en el estado.
Uno de los municipios afectados es Xiloxoxtla, donde la presidenta municipal, Yazmín Jiménez Rugerio, no ha cumplido con las expectativas y, por ende, ha puesto en riesgo la seguridad de los habitantes de su municipio.
La omisión y la falta de inversión en temas relacionados con la seguridad han provocado que esta localidad no reciba los recursos necesarios para fortalecer sus estrategias de prevención del delito y protección civil.
El incumplimiento de la alcaldesa Jiménez Rugerio refleja su desconocimiento y falta de capacidad para implementar acciones efectivas en favor de la seguridad de los ciudadanos. Este error administrativo y de gestión obligará al municipio a asumir por su cuenta todos los gastos en materia de seguridad, lo cual afectará gravemente el presupuesto local.
Los habitantes de Xiloxoxtla serán los más perjudicados, ya que deberán «pagar los platos rotos» por una mala administración de los recursos, los cuales bien pudieron haberse destinado a otras acciones de obra pública que habrían beneficiado a la comunidad.
Por su parte, la presidenta municipal Yazmín Jiménez se encuentra en una situación complicada al no contar con el respaldo de la Federación debido a su incumplimiento. Además, este hecho representa una infracción a los acuerdos establecidos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, comprometiendo el desarrollo y la implementación de políticas públicas en materia de seguridad.
Las autoridades encargadas de la fiscalización también han sido notificadas de esta situación y realizarán una revisión exhaustiva sobre el manejo de los recursos y el cumplimiento de las normativas establecidas.
La falta de responsabilidad en la administración de estos fondos federales no solo afecta la seguridad pública en el municipio, sino que también pone en entredicho la capacidad de la presidenta para gestionar de manera efectiva los recursos asignados para el bienestar de la población.
