Covarrubias señaló a Lizbeth Mendoza Pérez, acusándola de haberse apropiado de las tierras con métodos fraudulentos.
El pasado 14 de abril, el exalcalde de Texoloc Miguel Ángel Covarrubias Cervantes desató polémica tras realizar una denuncia pública a través de sus redes sociales, donde acusó una supuesta compraventa irregular de 20 hectáreas de terreno en la comunidad de Santa María Texcalac.
Covarrubias señaló a Lizbeth Mendoza Pérez, acusándola de haberse apropiado de las tierras con métodos fraudulentos, como el pago simbólico con un burro y la firma de hojas en blanco. No obstante, Mendoza ha presentado documentos legales que contradicen la versión del exfuncionario. Según los títulos ejidales que obran en su poder, solo se adquirieron dos hectáreas, con pagos documentados y válidos ante las autoridades agrarias correspondientes.
Lejos de esclarecer el conflicto, la intervención de Covarrubias ha sido señalada como un acto de hostigamiento con fines políticos. Lizbeth Mendoza denunció públicamente que desde la publicación del exalcalde, ha sido víctima de amenazas, intimidaciones y presión social por parte de vecinos, situación que atribuye directamente a la campaña mediática desatada por el político.
“Estoy siendo atacada sin pruebas, con información manipulada, y con la clara intención de generar escándalo público. No es la tierra lo que les importa, es la oportunidad de golpear políticamente”, expresó Mendoza.
Diversos habitantes de la comunidad y fuentes cercanas al conflicto consideran que Covarrubias está utilizando el tema agrario como una bandera para reposicionarse políticamente, incluso recurriendo al respaldo de autoridades locales para aumentar la presión sobre Mendoza.
Además, se ha revelado que los vendedores originales del predio, María Asunción y Wiliulfu, no han emitido declaración formal que respalde la versión de Covarrubias, lo que pone en entredicho la veracidad de sus acusaciones.
El caso ha generado malestar en Texcalac, donde voces ciudadanas exigen que se deje de politizar los conflictos ejidales y que las diferencias se resuelvan por la vía legal. También se pide una investigación sobre el posible uso de influencias por parte de Miguel Ángel Covarrubias, ya que su participación ha escalado el conflicto innecesariamente, generando un ambiente de tensión en la comunidad.
Por ahora, el caso sigue sin resolverse, pero ha quedado expuesta la forma en que intereses personales y políticos pueden disfrazarse de defensa social, a costa de la tranquilidad y la seguridad de quienes sí han actuado conforme a la ley.
