El desencuentro giró en torno a la situación legal de Daniel N., hermano de la secretaria general Karina Erazo Rodríguez, quien actualmente enfrenta un proceso penal y presuntamente goza de privilegios sindicales.
En medio de tensiones internas dentro del sindicato de burócratas “7 de Mayo”, una trabajadora del Poder Judicial fue sancionada con la suspensión de sus derechos sindicales durante tres meses, luego de protagonizar una protesta contra dirigentes del gremio.
Rosa Martínez Díaz fue notificada oficialmente de la medida, tras haber cuestionado públicamente la actuación de líderes sindicales en una discusión ocurrida recientemente en Ciudad Judicial. El desencuentro giró en torno a la situación legal de Daniel N., hermano de la secretaria general Karina Erazo Rodríguez, quien actualmente enfrenta un proceso penal y presuntamente goza de privilegios sindicales.
La sanción fue comunicada por José Luis Ramírez Rodríguez, secretario de Servicios Médicos del sindicato, en compañía de Pablo Flores Xochitemol. De acuerdo con testigos, la notificación se dio en un tono autoritario, sin permitir que la trabajadora expresara su defensa.
La acción ha generado inconformidad entre algunos empleados del Poder Judicial, quienes consideran que el castigo carece de fundamento legal, ya que —señalan— no existe un Comité de Vigilancia en funciones, instancia que según los propios estatutos es la única autorizada para aplicar sanciones de este tipo.
El oficio entregado a Martínez Díaz argumenta que la suspensión se debe a haber divulgado “asuntos de trascendencia del sindicato” a personas ajenas, invocando el artículo 75, fracción VI, de los estatutos sindicales.
Mientras tanto, crece el debate entre los trabajadores sobre el uso del reglamento interno como herramienta para callar voces disidentes dentro del sindicato.
