La situación se torna más grave al revisar la nómina de la Dirección de Comunicación Social, que encabeza Areli Fortiz Morales, con un salario declarado de 40 mil pesos mensuales, y su auxiliar administrativa, Lina Karen Sánchez Xicohténcatl, hermana del mencionado asesor, con un sueldo registrado de 29 mil pesos.
La administración del presidente municipal Emilio González Cortés enfrenta cuestionamientos por presuntos actos de simulación administrativa y falta de transparencia en el ejercicio del gasto público, particularmente en el área de Comunicación Social, donde se detectaron incongruencias en los salarios y contrataciones.
De acuerdo con registros de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el alcalde habría permitido el ingreso informal de Jorge Sánchez Xicohténcatl como asesor externo, quien actúa de facto como director de Comunicación Social sin contar con una plaza oficial dentro del ayuntamiento. Pese a ello, se le otorgan pagos mensuales de 37 mil pesos por supuestos servicios de difusión gubernamental cuya existencia y resultados no han sido comprobados.
El concepto de estos servicios, según los justificantes oficiales, es la «promoción eficiente de la labor de regidores y presidentes de comunidad» y «la información sobre acciones municipales». Sin embargo, no existen evidencias de campañas de comunicación amplias ni cobertura en medios reconocidos, más allá de publicaciones esporádicas en la página personal de Facebook de Sánchez Xicohténcatl.
La situación se torna más grave al revisar la nómina de la Dirección de Comunicación Social, que encabeza Areli Fortiz Morales, con un salario declarado de 40 mil pesos mensuales, y su auxiliar administrativa, Lina Karen Sánchez Xicohténcatl, hermana del mencionado asesor, con un sueldo registrado de 29 mil pesos. No obstante, una versión alterna de la misma nómina refleja cifras mucho menores: 12 mil 900 y 8 mil pesos respectivamente, lo que genera dudas sobre la existencia de una doble contabilidad o informes maquillados.
Estas discrepancias, que representarían una diferencia mensual cercana a los 60 mil pesos, han generado inquietud entre ciudadanos y observadores locales, quienes exigen al gobierno municipal aclarar el destino real de los recursos públicos y sesar del cargo al funcionario involucrado en este presunto desvío de recursos.
