La SEPE acató la instrucción conforme al debido proceso.
En medio de un clima creciente de inconformidad dentro del sector educativo, la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) y tras exhibirlo públicamente, ha cesado de manera definitiva a Salvador N., quien se desempeñaba como jefe del Sector Educativo 02 de Telesecundarias con sede en Apizaco, luego de que fuera vinculado a un proceso judicial por presunto acoso sexual y laboral.
La remoción del cargo se ejecutó tras una resolución emitida por el juez séptimo de Control de Juicios Orales, quien mediante el oficio 5595, fechado el 10 de junio, ordenó la separación inmediata del funcionario con base en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La SEPE acató la instrucción conforme al debido proceso.
El caso adquirió notoriedad pública cuando un grupo de maestras del subsistema de telesecundarias alzó la voz denunciando una serie de conductas abusivas atribuidas al exfuncionario, incluyendo tocamientos indebidos, intimidación y comportamientos inapropiados dentro de los planteles educativos. Las docentes señalaron que estos hechos habían sido expuestos desde años anteriores sin que las autoridades educativas ofrecieran respaldo efectivo.
Al respecto el titular de la SEPE, Homero Meneses Hernández, reconoció que el caso fue atendido tras la orden judicial correspondiente, y aseguró que el compromiso de la institución es proteger a las víctimas sin vulnerar el principio de presunción de inocencia. “Nosotros damos seguimiento conforme a lo que dictan las autoridades competentes, observando siempre el respeto al debido proceso”, señaló.
No obstante, Meneses también reveló que este no es un hecho aislado. En lo que va de 2025, la SEPE ha detectado al menos siete casos adicionales de posible acoso laboral o sexual dentro del sistema educativo, los cuales ya se encuentran en análisis por instancias judiciales. “Es una realidad que no podemos ocultar. Aunque algunos buscan demostrar su inocencia, es la autoridad judicial quien define la situación jurídica de cada caso”, añadió.
La situación ha encendido las alarmas en la comunidad educativa, que exige no solo respuestas institucionales inmediatas, sino también mecanismos permanentes de prevención y atención a víctimas de violencia dentro del sistema educativo.
