Este escándalo golpea directamente al alcalde morenista Rivera Bonilla, a quien se le acusa de actuar en complicidad con su Cabildo, ignorando la ley y afectando el patrimonio municipal.
El presidente municipal de Apizaco, Javier Rivera Bonilla, y los integrantes de su Cabildo enfrentan una denuncia penal por presuntamente haber avalado la venta de dos vehículos que se encontraban legalmente embargados dentro de un juicio laboral.
La carpeta de investigación 480/UMAS/APIZ/2025 fue abierta por la Fiscalía, luego de que se confirmara que los funcionarios aprobaron de manera conjunta la venta de una camioneta Ford Transit y un automóvil Nissan Tsuru, ambos bajo resguardo judicial como parte del juicio laboral CDT 379/2019-2, promovido por la extrabajadora Rosalinda Gollaz Gil.
Pese a que los bienes habían sido asignados a un depositario legal, el Ayuntamiento decidió venderlos sin autorización judicial, lo que podría configurar los delitos de abuso de confianza, desobediencia de mandato judicial, abuso de autoridad y daño patrimonial.
Esos delitos se han vuelto comunes en el pésimo desempeño del edil que se ha caracterizado por gobernar torpemente tomando decisiones que le han costado estar en temas judiciales.
Los involucrados han sido citados a comparecer el jueves 10 de julio ante la Unidad de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, donde deberán responder por los hechos.
Este escándalo golpea directamente al alcalde morenista Rivera Bonilla, a quien se le acusa de actuar en complicidad con su Cabildo, ignorando la ley y afectando el patrimonio municipal. La ciudadanía ha exigido que se castigue a los responsables y que se ponga fin a las decisiones arbitrarias desde el poder público.
