Estas denuncias permanecen en calidad de presuntas y están sujetas a investigación por las autoridades competentes.
El sistema penitenciario de Tlaxcala fue evidenciado tras la circulación de versiones no confirmadas que señalan posibles irregularidades en los Centros de Reinserción Social ubicados en la capital y Apizaco.
Según testimonios proporcionados por familiares de internos, se presumen casos de extorsión, amenazas, abuso de autoridad y posibles violaciones a derechos humanos.
Sin embargo, ninguna autoridad ha emitido hasta ahora un comunicado oficial que confirme o desestime estas acusaciones.
Uno de los casos más destacados es el de Ventura “N.”, privado de la libertad, quien, según sus allegados, presentó el 12 de junio una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
En su denuncia, se indica que supuestamente se le exigían pagos mensuales entre 2 mil 500 y 3 mil 500 pesos para mantener su trabajo en un taller dentro del penal y evitar sanciones.
Ventura también refirió contar con evidencias en forma de transferencias y cuentas bancarias que podrían estar relacionadas con personal penitenciario. Además, señaló que algunos internos habrían sido trasladados fuera del penal para participar en actividades delictivas, como robos y homicidios, sin que esta información haya sido corroborada.
El 31 de julio, un video atribuido a Ventura fue difundido en redes sociales, donde detalla supuestas situaciones de violencia, robos y muertes dentro del penal de Apizaco, además de solicitar la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En el mismo material, menciona que su familia habría sido intimidada, citando un incendio como posible advertencia, hecho que aún no ha sido verificado.
Por el momento, estas denuncias permanecen en calidad de presuntas y están sujetas a investigación por las autoridades competentes.
