Los abogados alertaron sobre el uso político y clientelar de la beca.
La Barra de Abogados de Tlaxcala, encabezada por su presidente Daniel Morales Díaz, denunció que la Beca Rita Cetina es un programa excluyente, discriminatorio y con tintes electorales
Durante una rueda de prensa en la capital del estado, Morales Díaz informó que ya se promovió un amparo en contra de dicho programa, al considerar que viola principios constitucionales de igualdad al destinar recursos únicamente a estudiantes de escuelas públicas, marginando deliberadamente a quienes cursan sus estudios en instituciones privadas.
El representante legal calificó como aberrante e injustificado que el Gobierno estatal presuma un programa de “apoyo a la educación” mientras divide y clasifica a los estudiantes, como si no todos fueran parte del mismo tejido social. “La educación es un derecho universal, no un privilegio condicionado a dónde estudias”, sostuvo Morales Díaz, al reprochar lo que considera una política que estigmatiza a las familias que eligen educación privada.
Según expuso, varias madres y padres de familia se acercaron a la Barra de Abogados inconformes con la postura oficialista, pues argumentan que todos los estudiantes representan el futuro de Tlaxcala, independientemente del costo o tipo de escuela a la que asisten. Señalaron que, lejos de promover igualdad, el programa profundiza la brecha social y genera resentimiento, mientras el Gobierno presume discursos de inclusión que quedan en pura propaganda.
Además, los abogados alertaron sobre el uso político y clientelar de la beca, al considerar que se trata de una estrategia para manipular a la población estudiantil y a sus familias, condicionando apoyos con fines electorales de cara a los próximos procesos. Morales Díaz acusó que el Gobierno estatal ha convertido lo que debería ser un apoyo educativo en un instrumento de control social, repartiendo recursos públicos de forma selectiva, parcial y con clara orientación ideológica.
La Barra de Abogados advirtió que esta acción legal es apenas el primer paso, y no descartó promover más recursos jurídicos para frenar lo que consideraron una política discriminatoria disfrazada de ayuda social. También urgieron a organismos de derechos humanos a intervenir y revisar la legalidad y el trasfondo del programa.
