La decisión coloca a Tlaxcala en la misma ruta que la mayoría de las entidades del país, donde la interrupción del embarazo ya es legal.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución que obliga al Estado de Tlaxcala a modificar de forma inmediata su marco jurídico para asegurar el acceso al aborto como un derecho pleno, al declarar inválidos los artículos del Código Penal que todavía restringían la interrupción del embarazo en casos de violencia.
Con este criterio, el máximo tribunal fija un mandato directo al Congreso local para que armonice la legislación con los estándares federales y elimine cualquier norma que obstaculice los servicios de salud reproductiva. La decisión coloca a Tlaxcala en la misma ruta que la mayoría de las entidades del país, donde la interrupción del embarazo ya es legal y está reconocida como un derecho de las mujeres.
El pronunciamiento también revela un incumplimiento persistente por parte de instituciones estatales, pues aunque la normativa vigente —como la NOM-046— exige atención inmediata a víctimas de violencia sexual, la respuesta pública ha sido insuficiente, obligando a muchas mujeres a enfrentar procesos inseguros o a recurrir a alternativas externas.
De esta manera, se obliga a las autoridades estatales garantizar servicios accesibles, atención oportuna y un sistema que proteja realmente los derechos reproductivos sin condicionamientos ni omisiones.
La responsabilidad ahora recae en el Legislativo y en las dependencias de salud, que deberán ajustar sus protocolos y asegurar que el mandato federal se cumpla en la práctica.
