En contraste, la empresa concesionaria optó por mantener acuerdos con sindicatos foráneos, lo que detonó inconformidades, bloqueos y un clima de confrontación que ha escalado con el paso de los meses.
La ampliación de la carretera Puebla–Tlaxcala ha generado un conflicto que se originó cuando sindicatos locales de Tlaxcala reclamaron su inclusión en los trabajos de construcción, argumentando que la mano de obra del estado debe ser tomada en cuenta en condiciones justas. En contraste, la empresa concesionaria optó por mantener acuerdos con sindicatos foráneos, lo que detonó inconformidades, bloqueos y un clima de confrontación que ha escalado con el paso de los meses.
Ante este escenario, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros fijó postura y dejó en claro que el conflicto no corresponde al ámbito de actuación directa del Gobierno del Estado. Señaló que se trata de una obra concesionada, por lo que es la empresa responsable quien debe resolver los desacuerdos con los sindicatos, cumplir los compromisos establecidos y garantizar que el proyecto avance.
La mandataria reconoció que los sindicatos tlaxcaltecas buscan participar bajo condiciones equitativas, pero insistió en que la negociación, contratación y acuerdos laborales están en manos de la empresa, la cual debe destrabar sus conflictos internos para evitar mayores retrasos.
Mientras tanto, la obra permanece sin avanzar, generando preocupación entre sectores productivos y ciudadanos que ven en esta carretera una vía clave para la movilidad, el comercio y la conexión entre Tlaxcala y Puebla.
Cuéllar Cisneros subrayó que existe coordinación con el Gobierno de Puebla para que el proyecto continúe, aunque enfatizó que la solución del problema pasa necesariamente por la capacidad de la empresa concesionaria para resolver el enfrentamiento sindical que mantiene paralizada la ampliación.
