La presidenta se dedica hablar mucho, aunque en realidad no hay nada palpable que resaltar.
Entre cifras abultadas y mensajes institucionales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala presentó su Informe de Actividades 2025, encabezado por su presidenta Jacqueline Ordóñez Brasdefer, donde se presumieron resultados que, para diversos sectores, no se reflejan en mejoras tangibles para la población más vulnerable.
Durante la sesión solemne —a la que acudió la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros— se informó que en el último año el organismo realizó más de 17 mil 600 acciones en beneficio de más de 45 mil personas, además de más de 13 mil intervenciones en materia de protección y defensa.
El reporte también detalla la recepción de 45 nuevas quejas, la atención de 630 expedientes, de los cuales 408 fueron concluidos, así como la emisión de apenas seis recomendaciones, todas aceptadas por las autoridades.
Sin embargo, más allá del volumen de actividades reportadas, persiste la percepción de que los números no se traducen en cambios visibles frente a problemáticas estructurales como abusos de autoridad, rezagos en comunidades marginadas o falta de acceso efectivo a derechos básicos.
Críticos señalan que la apuesta por resolver asuntos mediante diálogo y conciliación puede agilizar trámites, pero también limita la generación de precedentes firmes que obliguen a las instituciones a corregir fallas de fondo, especialmente cuando el número de recomendaciones resulta bajo frente a la complejidad de los casos.
Así, el informe deja un sabor a balance administrativo, muchas estadísticas, pero pocas señales claras de que las condiciones de quienes enfrentan mayores vulnerabilidades estén mejorando de manera sustancial, lo que reaviva el debate sobre el verdadero impacto del organismo en la defensa de los derechos humanos en Tlaxcala.
