Será el 30 de marzo cuando el juez determine el rumbo de una obra que desde su anuncio ha generado inconformidad de colectivos ciudadanos.
A días de que se celebre la audiencia constitucional por el juicio de amparo en torno a la remodelación del Parque de la Juventud, el proyecto impulsado por el Gobierno del Estado permanece en la incertidumbre legal y financiera.
Será el 30 de marzo cuando el juez determine el rumbo de una obra que desde su anuncio ha generado inconformidad de colectivos ciudadanos. Mientras tanto, la administración estatal mantiene en pausa la ejecución, aunque reconoce que los recursos asignados tienen un calendario que podría obligar a su reasignación si el fallo no le favorece.
El secretario del Medio Ambiente, Pedro Aquino Alvarado, confirmó que habrá una inspección judicial solicitada por los quejosos, con el fin de constatar que actualmente no existen trabajos en el sitio. Para los críticos, el simple hecho de que el proyecto esté detenido y bajo revisión judicial evidencia que no hubo consenso social suficiente antes de anunciarlo.
Aunque el funcionario sostiene que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) determinó que no existe cambio de uso de suelo, ambientalistas y asociaciones civiles señalan que el conflicto legal revela vacíos en la planeación y una estrategia que avanzó sin despejar todas las dudas ambientales y ciudadanas.
Si el amparo no favorece al Estado, no solo se retrasaría la obra, sino que también quedaría en entredicho la gestión de los recursos públicos destinados a la renovación.
