Ordenan a presidenta petista que se baje de su ladrillo y que pague lo que debe, en Cárdenas
La retención de salarios, señalan inconformes, fue utilizada como un mecanismo de presión contra quienes cuestionaron acciones del gobierno municipal.
La presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, Elena Macías Díaz, recibió un nuevo revés legal luego de que el Tribunal Electoral de Tlaxcala resolviera que la retención de salarios a integrantes del Cabildo fue indebida y ordenara cubrir las remuneraciones que dejaron de pagarse desde noviembre de 2025.
La determinación se dio al resolver el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, expediente TET-JDC-001/2026, promovido por regidores del municipio tras denunciar la suspensión injustificada de sus percepciones.
En su resolución, el tribunal determinó como responsables a la alcaldesa Elena Macías Díaz y a la tesorera municipal, Alicia Cuamatzi, al concluir que la retención de pagos se realizó sin fundamento legal, vulnerando los derechos político-electorales de los ediles en el ejercicio de su cargo.
El fallo no solo exhibe una decisión ilegal, sino que confirma un patrón de conducta que ha marcado la administración municipal. Desde el inicio de su gobierno, la alcaldesa se ha caracterizado por mantener una relación autoritaria y arbitraria con su propio Cabildo y con trabajadores del ayuntamiento, a quienes —según señalamientos internos— ha intentado imponer decisiones sin diálogo ni consenso.
La retención de salarios, señalan inconformes, fue utilizada como un mecanismo de presión contra quienes cuestionaron acciones del gobierno municipal, reflejando una forma de gobernar intolerante que ha generado constantes tensiones dentro del ayuntamiento.
No es la primera vez que la administración de Macías Díaz enfrenta críticas por su forma de conducirse. Regidores y personal del municipio han señalado que la alcaldesa no acepta quejas ni sugerencias, y que en lugar de mantener un gobierno abierto, ha optado por cerrar las puertas incluso a los propios integrantes del Cabildo y a trabajadores municipales.
Este episodio confirma que el llamado gobierno municipal ha dejado mucho que desear, pues lejos de fomentar el diálogo y el trabajo institucional, se ha caracterizado por decisiones unilaterales y una forma de ejercer el poder que muchos califican como intolerante y distante de la ciudadanía.
Con la resolución del tribunal, el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas deberá cubrir los sueldos retenidos y responder legalmente por las decisiones que afectaron a los integrantes del Cabildo
