Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Martín Perea Marrufo, también ha sido señalado por su mal manejo del tema.
La crisis en los penales de Tlaxcala ha alcanzado un punto crítico, donde los propios internos advierten que sobrevivir se ha convertido en un reto diario. El testimonio de un reo, que suplica “no quiero amanecer muerto”, es la prueba más cruda de un sistema penitenciario que, según denuncias, opera fuera del control del Estado.
El caso de Ventura Holguín, quien ha difundido públicamente su situación, revela un entorno marcado por amenazas constantes y presuntos atentados. En su denuncia, señala que su vida corre peligro y acusa la existencia de agresiones planeadas dentro del penal, donde incluso otros internos serían utilizados como instrumentos para ejecutar ataques que posteriormente se clasifican como simples “riñas”.
Estas versiones coinciden con otros señalamientos sobre una estructura interna de extorsión y cobros ilegales que, lejos de ser erradicada, seguiría funcionando con total impunidad. La reiteración de estos testimonios apunta a un problema estructural que no ha sido atendido de fondo.
En medio de este escenario, la administración de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros enfrenta fuertes cuestionamientos por la falta de acciones claras y contundentes. Hasta ahora, no se han dado a conocer investigaciones transparentes ni medidas efectivas que garanticen la seguridad al interior de los centros penitenciarios, lo que refuerza la percepción de un gobierno indiferente y corrupto ante una crisis que se agrava.
Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Martín Perea Marrufo, también ha sido señalado por su mal manejo del tema.
Se ha dedicado a minimizar las denuncias, niega la gravedad de los hechos y justifica la situación en lugar de atenderla con firmeza. Su actuación, catalogada como negligente, ha incrementado la desconfianza hacia las autoridades responsables de garantizar el orden.
La falta de operativos visibles, sanciones y resultados concretos deja en evidencia un vacío de autoridad dentro de los penales. Mientras tanto, los testimonios continúan emergiendo, mostrando una realidad que contrasta con el discurso oficial.
Más allá del impacto mediático, se trata de una advertencia directa sobre un sistema que parece haber sido rebasado, donde el silencio institucional solo profundiza la crisis y deja en entredicho la capacidad del gobierno para recuperar el control.
