El incidente exhibe el nivel de descomposición interna en una administración donde el personal encargado de garantizar seguridad ni siquiera cumple con estándares básicos de conducta.
La administración de Lorena Cuéllar Cisneros suma un nuevo escándalo que refleja no solo falta de control, sino una preocupante cadena de irresponsabilidad dentro de su propio equipo de seguridad.
Un escolta activo asignado a la mandataria, identificado como Omar Guerrero González, protagonizó un aparatoso accidente sobre la autopista México–Puebla, a la altura del parque industrial FINSA, tras conducir presuntamente en estado de ebriedad un vehículo oficial del Gobierno del Estado. El saldo fue dos personas lesionadas, un automóvil volcado y daños materiales de consideración.
Lejos de tratarse de un hecho aislado, el incidente exhibe el nivel de descomposición interna en una administración donde el personal encargado de garantizar seguridad ni siquiera cumple con estándares básicos de conducta. Testigos señalaron que, tras el impacto, el escolta intentó darse a la fuga y mostró una actitud prepotente, negándose incluso a colaborar con las autoridades.
El choque ocurrió cuando el vehículo oficial, un Toyota Camry, impactó de costado a un automóvil particular, proyectándolo contra el camellón y provocando que se estrellara contra una estructura de concreto hasta volcar. Las víctimas, una pareja, resultaron lesionadas; una de ellas tuvo que ser trasladada a un hospital.
La detención del elemento no logra contener el fondo del problema porque el problema va más allá, la mandataria no tiene el tiempo para supervisar e investigar o estar al pendiente del personal q se contrata dentro del gobierno estatal y por si fuera poco su conducta prepotente y negligente con la que actúa.
Este caso se suma a una serie de cuestionamientos sobre la calidad del personal que integra la administración estatal, señalada por ciudadanos y analistas como deficiente, incapaz e irresponsable. La presencia de funcionarios que incurren en conductas de riesgo, lejos de ser sancionadas de raíz, evidencia una estructura permisiva y sin rendición de cuentas.
El hecho no solo pone en riesgo a la población, sino que deja al descubierto una administración donde quienes deberían proteger terminan agrediendo, y donde el poder público parece operar sin controles reales.
