Dicen que lo están investigando pero hasta este momento no hay nada claro.
A más de un mes de haber estallado la polémica, el director del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, José Alonso Trujillo Domínguez, permanece en funciones pese a estar bajo investigación, sin que hasta ahora exista claridad sobre posibles sanciones o responsabilidades.
El caso, que involucra el presunto uso de instalaciones, personal y recursos públicos para la elaboración de material con tintes políticos, sigue en manos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Sin embargo, el proceso avanza sin resultados visibles, lo que ha comenzado a generar cuestionamientos sobre una posible protección institucional.
Aunque la indagatoria continúa abierta, no se han dado a conocer avances concretos ni medidas preventivas, como la separación del cargo del funcionario, lo que contrasta con la gravedad de los señalamientos.
El tema tomó relevancia luego de que se hiciera público el uso del COBAT para generar
contenidos en respaldo político a Alfonso Sánchez García, lo que, de confirmarse, implicaría una violación al principio de imparcialidad en el servicio público.
Pese a ello, el discurso oficial se ha limitado a señalar que “la investigación sigue en curso”, sin profundizar en posibles faltas o responsabilidades. Esta falta de definiciones ha alimentado la percepción de que el caso se mantiene congelado, mientras el funcionario continúa al frente de la institución.
Aún con evidencias públicas y una investigación en marcha, no hay consecuencias inmediatas, lo que pone en entredicho los mecanismos de control y rendición de cuentas.
Así, el caso del COBAT no solo exhibe un posible uso indebido de recursos, sino también un patrón preocupante: investigaciones que avanzan sin resultados, funcionarios que no son separados del cargo y una autoridad que evita fijar postura, dejando en la incertidumbre un tema que ya impacta la credibilidad institucional.
