El director estaría implementando operativos para hostigar y castigar a los internos.
Lo que ocurre dentro de los centros penitenciarios de Tlaxcala dista de la versión oficial. Nuevas denuncias apuntan a un escenario crítico donde las irregularidades no solo persisten, sino que se han vuelto prácticas recurrentes sin consecuencias visibles.
Familiares de internos acusaron que durante revisiones recientes en el Centro de Reinserción Social de Tlaxcala se habrían manipulado e incluso eliminado documentos legales, entre ellos amparos, lo que dejaría a varias personas sin herramientas para su defensa jurídica. Este señalamiento, de confirmarse, implicaría una afectación directa a derechos fundamentales.
A esto se suma un ambiente interno marcado por presiones y tratos intimidatorios. Versiones recabadas refieren operativos sin claridad en procedimientos, donde la autoridad penitenciaria —encabezada por Iván Sánchez de la Torre— ha sido señalada por ejercer control mediante acciones que generan temor entre la población reclusa.
Las condiciones de vida tampoco quedan fuera del foco. Se reporta de manera constante la entrega de alimentos en mal estado o de baja calidad, lo que evidencia fallas en la administración básica del penal y riesgos para la salud de los internos.
Para los familiares, la situación ya rebasó lo tolerable: acusan abandono institucional en espacios donde el Estado debería garantizar legalidad, condiciones dignas y respeto a los derechos humanos, pero donde —afirman— hoy prevalece la opacidad.
