El funcionario sigue vinculado a la nómina gubernamental, lo que ha sido interpretado como un acto de protección e irresponsabilidad institucional.
A cinco días del choque ocurrido el pasado 22 de marzo, el caso que involucra a Omar Guerrero González, escolta de la gobernadora de Tlaxcala, ha desatado indignación: mientras el funcionario enfrenta el proceso en libertad, la joven lesionada permanece en estado crítico, evidenciando lo que familiares y ciudadanos califican como una grave omisión del gobierno encabezado por Lorena Cuéllar Cisneros.
Guerrero González, identificado como elemento cercano al equipo de seguridad de la mandataria, abandonó la detención dentro del plazo legal de 48 horas. No fue exonerado, pero los delitos que se le imputan no ameritan prisión preventiva, lo que le permite seguir su proceso fuera de la cárcel. Esta situación ha sido duramente cuestionada, no solo por el marco legal, sino por la actuación de las autoridades estatales.
Del otro lado, la historia es completamente distinta. Maressa N., quien viajaba como pasajera en el vehículo impactado, permanece en terapia intensiva, en coma inducido y con pronóstico reservado. Su familia enfrenta horas críticas, mientras denuncia la falta de respaldo institucional y exige justicia ante un hecho que pudo evitarse.
De acuerdo con los reportes, el escolta conducía un vehículo oficial presuntamente bajo los efectos del alcohol cuando provocó el violento impacto que terminó con la unidad volcada tras chocar contra la base de un puente. La magnitud del accidente dejó a los ocupantes gravemente heridos.
Sin embargo, las cosas no terminan ahí, pese a la gravedad del caso, el funcionario sigue vinculado a la nómina gubernamental, lo que ha sido interpretado como un acto de protección e irresponsabilidad institucional. “No solo lo dejan libre, lo mantienen en el cargo”, reprochan voces críticas.
El caso ha escalado a un tema político, al exhibir lo que califican como un doble discurso del gobierno estatal: por un lado, promueve campañas de seguridad y responsabilidad; por otro, mantiene en funciones a un elemento acusado de conducir en estado inconveniente y provocar un accidente con consecuencias devastadoras.
A ello se suma la exigencia de esclarecer si hubo intento de encubrimiento, retraso en la actuación de las autoridades o trato preferencial por tratarse de un integrante del círculo cercano de seguridad de la gobernadora.
Mientras tanto, la familia de la víctima sigue esperando respuestas. Para ellos, la discusión legal es secundaria frente a una realidad contundente donde el presunto responsable está libre, y su hija lucha por sobrevivir.
