En Tlaxcala hay temas que no admiten evasivas. La reciente decisión del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo: ¿tenemos reglas claras y, sobre todo, aplicadas con la misma vara para todos?
Desde el Partido Acción Nacional en la entidad, la postura no es de confrontación por sí misma, sino de advertencia. Cuando la autoridad reconoce la existencia de propaganda anticipada —bardas, espectaculares, lonas— pero decide no sancionar ni ordenar su retiro, el mensaje que se envía es delicado: que adelantarse puede salir gratis.
Y eso, en cualquier democracia, erosiona la confianza.
No se trata únicamente de un diferendo entre partidos. El señalamiento apunta a una inconsistencia que preocupa: mientras a medios de comunicación se les ordena retirar contenido, en otros casos similares donde ves evidente la publicidad en bardas y espectaculares por doquier, se opta por llamados de atención. Esa falta de uniformidad no solo genera dudas jurídicas; alimenta una percepción de trato desigual que termina afectando la credibilidad institucional de un árbitro electoral.
En un contexto donde ya aparecen nombres y estructuras vinculadas a servidores públicos, la línea entre lo institucional y lo político se vuelve cada vez más difusa. Y ahí es donde la autoridad electoral debe ser especialmente firme.
Pero más allá de la coyuntura, la discusión de fondo es otra: ¿qué hace falta en Tlaxcala?
Hace falta, primero, un árbitro electoral fortalecido. No solo en atribuciones legales, sino en capacidad operativa y determinación. La equidad en la contienda no puede depender de interpretaciones flexibles ni de votaciones divididas resueltas por voto de calidad. La ley debe ser clara, pero también oportuna.
Hace falta, también, una cultura política distinta. No basta con señalar al adversario; todos los actores deben asumir que respetar los tiempos no es una cortesía, es una obligación. Adelantarse no es estrategia, es una distorsión del proceso democrático.
Y hace falta, quizá lo más importante, poner al ciudadano en el centro. Porque mientras la clase política discute bardas y espectaculares, la gente sigue esperando respuestas en seguridad, empleo, salud y desarrollo. La equidad electoral no es un fin en sí mismo: es la condición mínima para que esas decisiones se tomen de manera legítima.
Nuestro señalamiento no debería verse como un episodio más de disputa partidista, sino como una oportunidad para corregir. Si el proceso rumbo a 2026–2027 comienza con dudas sobre el piso parejo, difícilmente terminará con confianza plena en los resultados.
Tlaxcala necesita instituciones que no solo observen, sino que actúen. Que no solo reconozcan irregularidades, sino que las corrijan. Y que, sobre todo, garanticen que competir en política no dependa de quién se adelanta más, sino de quién propone mejor.
Asi, que a ponerse las pilas.
Ángelo Gutiérrez Hernández.
Presidente del PAN Tlaxcala.
