Montserrat Xicohténcatl, directora de Seguridad Pública Municipal de Tlaxcala, está siendo señalada por policías municipales por presunto hostigamiento laboral y falta de experiencia para ocupar el cargo.
Xicohténcatl, quien fue despedida durante la administración de la priísta Anabel Ávalos Zempoalteca debido a presuntas irregularidades administrativas, fue recontratada por la actual administración encabezada por el presidente municipal morenista, Alfonso Sánchez García.
Los elementos de seguridad han expresado su inconformidad ante el nombramiento de Xicohténcatl, argumentando que la actual directora no tiene los conocimientos ni la experiencia necesarios para enfrentar los desafíos en materia de seguridad que enfrenta la capital.
En una queja presentada a este medio, los policías aseguran que la titular de la corporación fue designada debido a ser «recomendada», lo que levanta cuestionamientos sobre la idoneidad del nombramiento.
Según los informes, Xicohténcatl fue despedida en el trienio anterior por su desempeño deficiente en el área administrativa.
Los elementos de seguridad señalan que, a pesar de que la ley exige que los directores de las corporaciones policiales cuenten con experiencia y formación adecuada, la funcionaria no cumple con estos requisitos.
Además, se menciona que la directora ha intentado introducir personal que no ha acreditado los exámenes de control de confianza, favoreciendo a personas con las que, según los policías, hizo compromisos durante la campaña electoral del presidente Sánchez García.
A la falta de experiencia y los señalamientos de irregularidades, se suma la acusación de hostigamiento laboral. Los elementos de seguridad afirman que la directora está presionando a algunos policías para que acepten a nuevos contratados sin los perfiles requeridos, lo que genera un ambiente de tensión y desconfianza dentro de la corporación.
Este conflicto dentro de la policía municipal se suma a una creciente preocupación sobre la gestión de la seguridad en la capital tlaxcalteca, lo que podría generar incertidumbre en la efectividad de las acciones para garantizar el orden y la protección de los ciudadanos.
Se espera que tanto la administración municipal como las autoridades estatales emitan una respuesta formal a estas denuncias.
