Lo corren como Juez y ahora le dan chamba de proyectista en el TSJE; es capricho de Anel Bañuelos
Alfredo Pérez Águila, quien fuera chofer asignado al Despacho del Gobierno Estatal, ha sido recientemente designado como Secretario Proyectista de Sala del Poder Judicial del Estado (PJE), según reveló el diario El Universal.
La noticia ha generado una vez más controversia, dado que Pérez Águila fue recientemente nombrado Juez Especializado en Asuntos Urgentes para Mujeres en Situación de Violencia, cargo que había generado una serie de críticas por su falta de experiencia en el ámbito judicial.
El ascenso de Alfredo Pérez Águila al cargo de Juez Especializado fue uno de los puntos de mayor discusión en la comunidad jurídica de Tlaxcala. A pesar de no contar con un historial en la carrera judicial, Pérez Águila fue nombrado para este cargo a tras obtener su título y cédula profesional de manera improvisada.
Esta decisión fue fuertemente criticada por juristas, activistas y organizaciones que consideran que el nombramiento carecía de la preparación y el perfil necesario para tratar temas tan sensibles como los relacionados con la violencia de género.
A pesar de las críticas, la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y del Consejo de la Judicatura (CJ), Anel Bañuelos Meneses defendió la decisión, hasta que, el pasado martes, Pérez Águila fue removido de su puesto como Juez Especializado.
Sin embargo, no fue dejado sin empleo, ya que la misma Magistrada Bañuelos lo reasignó rápidamente a un nuevo cargo dentro del Poder Judicial, colocándolo como Secretario Proyectista de Sala.
Este movimiento ha generado nuevamente malestar entre juristas y activistas, quienes señalan que la intención de la Magistrada es no dejarlo sin trabajo, a pesar de la controversia que ha rodeado su nombramiento.
Para algunos, esta rápida reubicación de Pérez Águila dentro del sistema judicial refleja la falta de transparencia en las decisiones que se toman dentro del Poder Judicial de Tlaxcala, además de evidenciar un posible trato preferencial por su cercanía con el gobierno estatal.
