La diputada neo morenista, Lorena Ruiz García, presentó ayer una polémica iniciativa durante la Primera Sesión del Segundo Periodo Ordinario del Primer Año Legislativo. Su propuesta busca sancionar a los medios de comunicación y servidores públicos que difundan información sobre casos penales, con especial énfasis en aquellos que involucren a su familia, lo que ha levantado controversia sobre su verdadero propósito.
La iniciativa, que ha sido comparada con una «ley mordaza», plantea que la difusión de información relacionada con procedimientos penales, evidencias o indicios por parte de funcionarios públicos, periodistas o incluso youtubers, podría acarrear sanciones penales, que incluyen multas y penas de prisión de hasta ocho años. Según la propuesta, la medida busca proteger la privacidad y la imagen de las personas involucradas en procedimientos penales, aunque la diputada ha sido acusada de utilizarla para proteger sus propios intereses personales y los de su familia.
Lo que Ruiz García parece proponer es una especie de «blindaje» para ella y sus allegados, con el fin de evitar que se expongan públicamente sus actos o cualquier controversia legal que los involucre.
La diputada argumenta que la ley busca proteger a las víctimas de la difusión indebida de imágenes o información que las dañe, sin embargo, la propuesta no parece alinearse con la Ley Ingrid, una normativa creada para proteger a las víctimas de violencia de género de la filtración de sus imágenes y detalles personales.
La iniciativa ha sido criticada por colectivos y activistas, que señalan que, en lugar de centrarse en proteger a las verdaderas víctimas, Ruiz García pretende que su ley sirva como un «pasaporte de impunidad» para sus propios intereses.
Además, se le ha acusado de intentar frenar el trabajo de periodistas y medios de comunicación que informan sobre casos relevantes, incluidos los relacionados con funcionarios públicos y personas con poder.
Esta propuesta legislativa ha desatado un intenso debate sobre la libertad de expresión y la protección de los derechos de las víctimas, y se espera que continúen las discusiones sobre su viabilidad en las próximas semanas.
