Propone diputada Sandra Aguilar reforma a la Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala

 

En sesión ordinaria, la diputada Sandra Aguilar Vega, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Catastro y Código Financiero ambos del Estado de Tlaxcala con el fin de incorporar el “interés legítimo” en el catálogo de sujetos obligados y legitimados, lo que permitirá que vecinos colindantes, asociaciones civiles, arrendatarios y otros actores que acrediten su interés legítimo ante la autoridad puedan solicitar, de oficio o a petición, la inscripción, modificación, valoración o impugnación de cualquier dato catastral.

“La necesidad de reformar la Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala surge en un contexto de dar seguridad jurídica a toda la ciudadanía respecto de sus propiedades, y que no solo los propietarios formales, sino que también quienes tienen un interés real y comprobable puedan acceder a procedimientos catastrales”, señaló.

La legisladora compartió que el “interés legítimo” es una herramienta legal, la cual permite que la sociedad que se ve afectada, incluso si no tienen un derecho subjetivo directamente vulnerado, puedan inconformarse y buscar les sea reconocido el interés personal, individual y colectivo de la ciudadanía garantizando la seguridad jurídica.

“La incorporación del interés legítimo no solo fortalece la seguridad jurídica y la transparencia en los procedimientos catastrales; también armoniza la legislación estatal con estándares federales e internacionales; consolida la función social del catastro como herramienta de planeación urbana; y protege los derechos colectivos y difusos que emergen del uso y destino del suelo”, puntualizó.

Aguilar Vega señaló que esta reforma también propone incluir el “interés legítimo” al Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, con el fin de ampliar la base de responsables fiscales, permitiendo que terceros con una conexión jurídica válida contribuyan al cumplimiento de las obligaciones tributarias, mejorando con esto la transparencia, evitando omisiones en el pago de los impuestos y adaptando la legislación a las realidades jurídicas y sociales actuales, haciendo el sistema más equitativo y eficiente.