El reculo alcalde ya se siente candidato al gobierno del estado, aunque la capital sea un desastre.
La administración del alcalde capitalino Alfonso Sánchez García se encuentra nuevamente en evidencia, luego de que en redes sociales comenzara a circular un video que expone el hostigamiento y la falta de criterio por parte de personal del Ayuntamiento hacia comerciantes de la vía pública, incluso cuando estos no cuentan con mercancía para vender.
En el escueto pero revelador video se observa a una mujer identificada como empleada del área de supervisión o inspección de vía pública, exigiendo el pago de una cuota diaria por uso del espacio, a pesar de que la persona abordada le explica que no tiene mercancía para vender ni está operando en ese momento.
Lejos de actuar con lógica o empatía, la funcionaria insiste con tono autoritario en que debe cubrir el permiso correspondiente, evidenciando no solo una actitud de abuso de poder, sino también una preocupante falta de capacitación y criterio básico para el trato con los ciudadanos.
Este tipo de prácticas pone en tela de juicio el discurso oficial de apoyo a la economía informal y al comercio popular que el propio alcalde ha enarbolado públicamente. En los hechos, su administración parece más ocupada en recaudar a toda costa, sin importar el contexto ni la legalidad del acto, convirtiendo a inspectores y supervisores en una especie de cobradores implacables, sin sensibilidad social ni formación adecuada.
Lo más grave, según denuncian usuarios en redes sociales, es que no se trata de un caso aislado. Comerciantes ambulantes y semifijos han reportado en múltiples ocasiones actitudes prepotentes, amenazas y cobros indebidos por parte del personal del Ayuntamiento, muchas veces bajo el silencio cómplice de las autoridades municipales.
Colectivos ciudadanos y agrupaciones de comerciantes ya han comenzado a organizarse para exigir al alcalde una revisión a fondo del actuar de su personal, así como la suspensión inmediata de quienes incurran en prácticas de hostigamiento, abuso y cobros arbitrarios.
“La vía pública no debe convertirse en una caja registradora a costa del pueblo”, expresó uno de los afectados.
