La gobernadora Cuéllar resaltó que este convenio es resultado de un año de trabajo y coordinación entre los tres niveles de gobierno.
En un paso sin precedentes hacia la modernización del transporte público entre entidades, los gobiernos de Tlaxcala y Puebla, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno Federal, formalizaron un convenio para mejorar la regulación y operación del transporte en zonas limítrofes.
Este acuerdo establece medidas concretas para delimitar tramos carreteros federales compartidos, organizar el tránsito de unidades de transporte público entre ambos estados y brindar mayor seguridad tanto a transportistas como a usuarios. Los tramos estratégicos incluidos en este plan son la Vía Corta Santa Ana – Puebla, la carretera federal Tlaxcala – Puebla y la vía Tlaxcala – Apizaco, consideradas como las de mayor flujo vehicular y de transporte de pasajeros entre ambas entidades.
La firma del convenio fue encabezada por la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, y la subsecretaria de Transporte de la SICT, Tania Carro Toledo, quienes destacaron la importancia de este instrumento como el primero de su tipo en el país, al sentar las bases para una movilidad más eficiente, equitativa y segura.
Según explicó Carro Toledo, el compromiso busca mejorar la calidad del servicio en tramos donde coinciden unidades del transporte local, interestatal y federal, evitando conflictos entre transportistas, promoviendo la modernización del parque vehicular y considerando la densidad poblacional para una planeación adecuada.
Por su parte, Juan Manuel Vega Rayet, subsecretario de Transportes y Comunicaciones de Puebla, señaló que uno de los principales objetivos será fortalecer la seguridad vial, así como realizar un censo detallado de concesiones vigentes para tener un panorama claro del servicio actual.
La gobernadora Cuéllar resaltó que este convenio es resultado de un año de trabajo y coordinación entre los tres niveles de gobierno, destacando que su implementación contempla la creación de un grupo de trabajo permanente, encargado de evaluar y ajustar las políticas de movilidad con base en estudios técnicos y operativos.
Además, enfatizó que este instrumento permitirá equilibrar la competencia entre los prestadores del servicio, combatir la sobresaturación de rutas y ofrecer soluciones de transporte más humanas y ordenadas.
Como parte del compromiso con la transparencia, se anunció que todos los documentos relacionados con este convenio estarán disponibles al público para consulta, promoviendo así la participación y el conocimiento ciudadano sobre los cambios que impactarán positivamente en la movilidad regional.
