También compromete a los 60 municipios de Tlaxcala, cuyos presidentes firmaron el acuerdo y deberán aplicar el documento con firmeza cada vez que estalle una situación de esta naturaleza en sus comunidades.
Ante la creciente desconfianza en las instituciones de seguridad y justicia, el Gobierno del Estado ha decidido implementar un nuevo protocolo para enfrentar intentos de linchamiento, una práctica alarmante que ha dejado víctimas mortales y heridos en los últimos años.
El nuevo Protocolo de Actuación para Casos de Intentos de Linchamiento busca frenar estas expresiones de justicia popular, estableciendo lineamientos claros de actuación para policías municipales, estatales y otras instituciones.
El documento, publicado en el Periódico Oficial del Estado, redefine el rol del Primer Respondiente y ordena priorizar la mediación con la comunidad cuando sea posible. En caso de rescate exitoso de la persona agredida, las autoridades deberán trasladarla a un centro de salud seguro o ponerla a disposición del Ministerio Público.
Además, se da un papel estratégico al C5i, que deberá monitorear el entorno, detectar a quienes inciten la violencia y proporcionar información en tiempo real para una respuesta más efectiva. Toda actuación deberá quedar documentada mediante tecnología: videos, fotos o audios serán fundamentales para sustentar futuras investigaciones.
Pero el protocolo no solo redefine responsabilidades. También compromete a los 60 municipios de Tlaxcala, cuyos presidentes firmaron el acuerdo y deberán aplicar el documento con firmeza cada vez que estalle una situación de esta naturaleza en sus comunidades.
El protocolo sustituye el emitido en 2023, y refleja una necesidad urgente: recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y evitar que la desesperación derive en actos irreparables.
