El auditor también señaló que en varios municipios los cuerpos policiales no cuentan con elementos certificados, lo que representa otra falla administrativa que impacta negativamente en la gestión municipal.
A pesar de que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) ha presentado 140 denuncias por presuntas irregularidades cometidas por exservidores públicos, solo entre 10% y 15% de los involucrados han recibido sanciones, reveló el auditor superior Arturo Lucio Salas Miguela.
“Sí hay sanciones, sí hay procedimientos, incluso algunos funcionarios han sido detenidos. Pero los tiempos son largos y no siempre conocemos el estado de los procesos”, explicó el auditor, quien consideró insuficiente el número de exfuncionarios sancionados y urgió a reformas legales para agilizar los mecanismos de castigo.
Las denuncias, que han sido canalizadas tanto a la Fiscalía General del Estado como al Tribunal de Justicia Administrativa, corresponden a casos detectados entre 2017 y la fecha, y derivan de observaciones hechas por el OFS en auditorías municipales y estatales.
Más allá de las sanciones, Salas Miguela alertó sobre la falta de personal capacitado en puestos clave dentro de los ayuntamientos, lo que genera constantes errores en el manejo de recursos públicos. Según el auditor, al menos 20 directores de obra pública y 10 tesoreros actualmente en funciones no cumplen con los perfiles técnicos requeridos.
“La falta de experiencia en áreas estratégicas como Tesorería o Dirección de Obras complica el cumplimiento administrativo. Muchos alcaldes siguen nombrando a personas sin preparación, y eso se traduce en observaciones, fallos y, eventualmente, sanciones”, apuntó.
El auditor también señaló que en varios municipios los cuerpos policiales no cuentan con elementos certificados, lo que representa otra falla administrativa que impacta negativamente en la gestión municipal.
Aclaró que pese a que los expedientes son integrados y enviados a las instancias correspondientes, el OFS no tiene seguimiento puntual del avance procesal de los casos. “Nos enteramos cuando hay sanción, pero no conocemos el estatus legal durante el proceso”, reconoció Salas Miguela.
El auditor insistió en que los mecanismos de sanción deben fortalecerse y que es momento de revisar el marco normativo para garantizar que las irregularidades en el uso de recursos públicos no queden impunes.
