Dijeron que la instalación de una gasera en medio de escuelas y viviendas contradice cualquier lógica de planeación urbana responsable, y ahora también cuestionan la ética del gobierno municipal.
Vecinos de la Segunda Sección de Zacatelco acusaron al presidente municipal, Miguel Acatzi Luna, de actuar con omisión y doble discurso ante el rechazo ciudadano a la construcción de una gasera en zona habitacional, pese a los riesgos que implica para la seguridad de la población.
Los habitantes señalan que, aunque el edil se comprometió públicamente a revocar el permiso de la expendedora de gas LP, en los hechos ha permitido que la obra continúe, lo que consideran una falta grave a su palabra y a la confianza de la ciudadanía.
“El alcalde nos mintió en la cara. Nos prometió que no iba a permitir esta gasera, pero no solo no hizo nada, sino que permitió una maniobra para aparentar que el pueblo la apoya”, denunciaron habitantes de las calles Xicohténcatl, Avenida Puebla y López Mateos.
El pasado 5 de julio, relataron, el ayuntamiento facilitó la presencia de personas ajenas a la colonia —algunas presuntamente acarreadas de San Pablo del Monte y de la Primera Sección— para que se presentaran ante un notario y dieran su «apoyo» a la obra, una acción que los vecinos consideran una simulación orquestada desde la presidencia municipal.
Los colonos exigieron ver las identificaciones de los asistentes y confirmaron que muchos no eran residentes del área afectada, lo que generó tensión y una nueva ola de inconformidad. “Intentaron fabricar respaldo con gente de fuera, como si eso legitimara el riesgo que enfrentamos nosotros que vivimos aquí todos los días”, agregaron.
Dijeron que la instalación de una gasera en medio de escuelas y viviendas contradice cualquier lógica de planeación urbana responsable, y ahora también cuestionan la ética del gobierno municipal.
“Ya no es solo una gasera, es la forma en que un gobierno nos engaña, protege intereses privados y le da la espalda a su gente. No hay transparencia ni compromiso con la seguridad”, afirmaron.
Los inconformes han solicitado la intervención del Gobierno del Estado y anunciaron que continuarán las movilizaciones hasta que se cancele el proyecto.
