El funcionario anunció una operación de control total en el sistema penitenciario, con medidas estrictas para impedir que los penales se conviertan en centros de privilegios y negocios ilegales.
El Secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, lanzó un ultimátum tras el estallido del caso de corrupción en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tlaxcala, donde el director fue destituido por presuntos nexos con actividades ilícitas.
“En este gobierno no se negocia con delincuentes ni con funcionarios corruptos. Vamos por todos, caiga quien caiga”, sentenció con dureza, dejando claro que no habrá protección para nadie.
El funcionario anunció una operación de control total en el sistema penitenciario, con medidas estrictas para impedir que los penales se conviertan en centros de privilegios y negocios ilegales.
La investigación, encabezada por la Fiscalía General de Justicia del Estado, no tiene límites definidos y podría alcanzar a funcionarios de otras dependencias si se confirma su participación en la red de corrupción.
Ramírez Hernández, dejo claro que las investigaciones continúan y si hay más implicados en el tema se le castigará conforme a derecho.
Pidio a la ciudadanía el voto de confianza en las instituciones y alegó que Tlaxcala sigue siendo un estado seguro.
