Hace algunos días reflexioné con detenimiento sobre el texto recientemente aprobado por el Congreso del Estado. Su análisis exigió una revisión profunda de lo que buscábamos hacer y de lo que finalmente resultó. *Es importante recordar que la instrucción de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros fue clara*, encontrar la manera de proteger a las y los trabajadores de la educación frente a las agresiones, amenazas o actos que pongan en riesgo su integridad. Bajo esa premisa, exploramos distintas vías hasta concretar una propuesta que fortaleciera la protección legal del Magisterio.
Durante tres años trabajamos, al final vimos que el Código Penal del Estado de Tlaxcala incluyera sanciones específicas frente a amenazas o lesiones que comprometieran la seguridad del personal docente y de apoyo. Lo aprobado recientemente mantiene ese sentido protector y representa un avance importante en la construcción de entornos escolares seguros.
Sin embargo, el contexto jurídico actual nos obliga a una reflexión serena. En Tlaxcala fue derogado el artículo 183 del Código Penal, que contemplaba los delitos de difamación, injuria y calumnia. Esto significa que la figura penal tradicional de la difamación ya no existe en nuestro estado. Por tanto, cualquier reparación relacionada con declaraciones falsas o daños a la reputación deberá plantearse por la vía civil o administrativa, no penal; pero no soy abogado, pero si conozco de diseño institucional y de política pública.
La Constitución del Estado de Tlaxcala establece que los derechos humanos son de aplicación directa y que toda norma debe interpretarse conforme a los tratados internacionales, privilegiando siempre la protección más amplia de las personas. Ello implica que cualquier disposición penal debe armonizarse con el principio de libertad de expresión, evitando que la ley pueda utilizarse para censurar, intimidar o restringir la crítica legítima.
El texto aprobado incorpora la frase *“con conocimiento de su falsedad”* para sancionar a quien formule declaraciones que deriven en sanciones contra servidores públicos o trabajadores de la educación. Esa precisión busca evitar abusos, pero también plantea un desafío, *demostrar que alguien actuó sabiendo que mentía es complejo y puede generar interpretaciones contradictorias*. Por eso, debemos mantener vigilancia constante sobre la aplicación de esta norma, para que no se convierta en un instrumento de persecución.
En lo personal, prefiero sufrir la difamación antes que poner en riesgo la libertad de expresión —y vaya que me ha tocado sufrir múltiples difamaciones—. Creo firmemente que a los periodistas y a los ciudadanos hay que protegerlos, incluso a aquellos que mienten, sancionando la mentira con la verdad y la transparencia, no con el código penal.
En una democracia madura, las y los periodistas deben conservar plena libertad para investigar, publicar y opinar conforme a sus fuentes. Ese derecho está protegido por la Constitución. Si se condiciona bajo la presunción de falsedad, se corre el riesgo de retroceder en materia de libertades, lo cual sería contrario al espíritu de la Cuarta Transformación, que ha hecho de la crítica y la transparencia pilares de su legitimidad moral.
Más allá de la discusión técnica, debemos seguir avanzando. *Quedó pendiente tipificar las amenazas que madres, padres o tutores dirigen contra trabajadoras y trabajadores de la educación*. Estas conductas —cada vez más frecuentes en distintos niveles escolares— provocan miedo, desgaste emocional y deterioran el ambiente de aprendizaje. Reconocerlas como delito protegerá efectivamente al personal educativo, sin criminalizar la libre expresión ciudadana.
La educación no puede florecer en un ambiente de temor o desconfianza. Quienes enseñan, orientan o apoyan en las escuelas merecen respeto y condiciones de seguridad. Y quienes ejercemos funciones públicas debemos asumir que la crítica, incluso la injusta, forma parte de la vida democrática. A las descalificaciones se responde con argumentos y trabajo, no con el Código Penal.
Celebremos este avance legislativo, pero mantengamos una visión crítica y propositiva, que para eso hay un legislativo permanente. La protección del Magisterio no se agota en una reforma legal, pues requiere protocolos, mediación, capacitación, vigilancia institucional y una cultura de respeto mutuo. *Solo así lograremos entornos escolares con bienestar*, justicia, libertad y felicidad para todas y todos.
Gracias a las y los legisladores de todos los grupos parlamentarios y a los dirigentes sindicales por su respaldo. Sigamos en el camino.
Con afecto, *Homero Meneses Hernández*
