Durante su intervención en el Congreso, la diputada Laura Yamili Flores Lozano advirtió que las reformas recientes a la Ley de Amparo representan un grave retroceso en la defensa de los derechos humanos y en los mecanismos que garantizan el control constitucional frente a los abusos de autoridad.
La legisladora recordó que desde la Constitución de 1857 y la vigente de 1917, el Juicio de Amparo ha sido una herramienta fundamental para proteger a las y los ciudadanos frente a actos que vulneran sus derechos. Sin embargo, alertó que las modificaciones aprobadas “limitan el acceso a la justicia y favorecen el poder discrecional de las autoridades”.
“Lejos de fortalecer el sistema de protección de los derechos humanos, esta reforma restringe libertades, elimina controles y concentra poder en el gobierno”, señaló.
Flores Lozano explicó que aunque la reforma incorpora algunos avances —como plazos más breves para resolver los juicios y el impulso al juicio en línea—, contiene cuatro aspectos preocupantes que pueden afectar directamente a la ciudadanía:
1. Se limita el interés legítimo, impidiendo que organizaciones, activistas o ciudadanos presenten amparos en defensa del medio ambiente, la salud o la educación, a menos que el daño les afecte de manera directa.
2. Se pretende aplicar la reforma con efectos retroactivos, violando el artículo 14 constitucional y afectando juicios en trámite.
3. Se otorga discrecionalidad a las autoridades para no cumplir las sentencias de amparo, bajo el argumento de imposibilidad jurídica o material.
4. Se eliminan las suspensiones provisionales, lo que deja sin protección inmediata a las personas ante actos que pueden causar daños irreparables.
“El amparo pierde su esencia: si ya se causó el daño y no hay forma de repararlo, ¿de qué sirve promoverlo?”, cuestionó la diputada.
Flores Lozano sostuvo que esta reforma forma parte de una estrategia autoritaria del oficialismo para debilitar los contrapesos democráticos y reducir la capacidad ciudadana de defenderse ante decisiones arbitrarias.
“Estamos frente a un intento por reinstalar un régimen de partido casi único, que ha debilitado al Poder Judicial, desmantelado organismos autónomos y ahora pretende limitar el acceso a la justicia”, advirtió.
Finalmente, la diputada hizo un llamado a corregir los aspectos más regresivos de la reforma y a proteger la libertad y la seguridad jurídica de todas y todos los mexicanos.
“El amparo es el último refugio frente a la arbitrariedad. Si lo debilitamos, dejamos a la ciudadanía sin defensa ante los abusos del poder.”
