Los quejosos aseguraron que el Parque de la Juventud, es un espacio urbano con cientos de árboles de múltiples especies, animales silvestres y flora diversa que, según estudios comunitarios, incluye varias especies protegidas por normas ambientales mexicanas.
Esta tarde se registró una masiva manifestación en las calles de la capital del estado, encabezada por el movimiento en defensa del Parque de la Juventud, que exige la conservación de este pulmón verde y denuncia lo que consideran una política gubernamental negligente y peligrosa para el territorio tlaxcalteca.
La protesta, que partió desde el parque de la juventud y recorrió distintos puntos del centro histórico, fue liderada por activistas ambientales y sociales, entre ellos Ana Celia Osorno, representante del movimiento defensor del parque, quien afirmó que la movilización ha trascendido su causa original para convertirse en una lucha más amplia por la defensa del territorio tlaxcalteca y contra el actuar del gobierno local.
Osorno denunció que la administración de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros ha demostrado una persistente indiferencia frente a las preocupaciones ciudadanas, al insistir en proyectos que podrían poner en riesgo los ecosistemas y espacios comunitarios, tales como lo que se ha denominado el proyecto “Ciudad de la Juventud”.
El movimiento también sumó a padres de familia de la escuela Emiliano Zapata, quienes se oponen a la reubicación de esa institución educativa y acusan a las autoridades estatales de tratar de desplazar a la comunidad escolar sin diálogo ni transparencia. Según los padres, la intención de reubicar la escuela representa un nuevo ataque a derechos básicos como el acceso a la educación y la estabilidad de las comunidades.
Los quejosos aseguraron que el Parque de la Juventud, es un espacio urbano con cientos de árboles de múltiples especies, animales silvestres y flora diversa que, según estudios comunitarios, incluye varias especies protegidas por normas ambientales mexicanas.
Ciudadanos y colectivos ambientales han documentado que la iniciativa estatal buscaba cambiar el uso de suelo y avanzar en un proyecto urbanístico sin una consulta amplia ni una evaluación ambiental adecuada, lo que fue señalado como una violación a derechos ambientales y de participación ciudadana.
Aunque recientemente la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) emitió un acuerdo que prohíbe la tala y nuevas construcciones en el área protegida y reconoce parte de las demandas ciudadanas, los manifestantes señalan que esta medida no es suficiente para revertir los riesgos de intervención o presiones políticas estatales.
La marcha simboliza la creciente frustración social por el manejo de los recursos naturales y las decisiones urbanísticas del gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros, quien ha priorizado proyectos de infraestructura y desarrollo urbano que activistas consideran contrarios a la conservación ecológica y a la participación ciudadana real.
Para los manifestantes, la protesta de hoy no solo exige la defensa inmediata del parque, sino que culpabiliza a las autoridades estatales de haber desestimado repetidamente las voces comunitarias, al privilegiar proyectos sin transparencia y sin rendición de cuentas frente a la ciudadanía.
