Algo empieza a quedar claro es que la gobernadora Lorena Cuéllar debería ponerle un bozal a su vocero.
El Petardo / La Opinión de Adolfo Tenahua Ramos
En Tlaxcala hay historias que parecen sacadas de una tragicomedia política. Lo preocupante es que no lo son. Ocurren todos los días, a la vista de todos, mientras desde el poder se intenta vender la narrativa de que todo marcha bien.
Pero la realidad huele… y huele mal.
En la comunidad de San Pedro Ecatepec, municipio de Atlangatepec, los pobladores ya se están organizando para frenar, como sea, un proyecto que consideran una amenaza: la instalación de una mega – recicladora bajo la razón social “Recyclam”. El proyecto, que se pretende ubicar a un costado de la carretera que conduce a Tlaxco, a escasos metros del relleno sanitario de la zona, ha encendido las alarmas de los habitantes.
No es para menos.
Los ciudadanos aseguran que ya viven lo suficiente con la pestilencia que generan los residuos del relleno sanitario. Los malos olores, la contaminación y la constante circulación de basura se han vuelto parte de su vida cotidiana. Y ahora, dicen, quieren imponerles una recicladora de dimensiones mayores.
Pero el problema no es únicamente ambiental.
Lo que verdaderamente ha encendido el enojo social es lo que, según trasciende en los pasillos políticos, estaría detrás del proyecto: intereses ligados al grupo de funcionarios morelenses que hoy operan dentro del gobierno estatal.
Y en el centro de esa historia aparece un nombre que en Tlaxcala genera cada vez más ruido: Luis Antonio Ramírez Hernández, actual secretario de Gobierno.
El funcionario llegó al estado bajo el cobijo político de su madrina la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros. Desde entonces, en distintos círculos políticos se repite la misma frase: el morelense llegó para quedarse.
Y para hacer negocios.
En los corrillos políticos se comenta que la recicladora sería impulsada por este grupo político que ha encontrado en Tlaxcala tierra fértil para operar. Incluso hay quienes, con sarcasmo, dicen que en Palacio de Gobierno ya lo ven como el “Rey de la Basura”, el hombre que pretende convertir el problema de los residuos en una mina de oro sin importar la vida o salud de los ciudadanos.
La sospecha crece aún más si se observa el contexto.
En los últimos tiempos se confirmó el cierre de dos rellenos sanitarios importantes en el estado: el de Panotla y el de Huamantla, bajo el argumento de que ya cumplieron su vida útil. Con esos espacios fuera de operación, el manejo de los residuos se convierte en un negocio todavía más estratégico.
Y justo entonces aparece la recicladora.
Demasiadas coincidencias para algunos.
Peor aún: pobladores de San Pedro Ecatepec aseguran que han comenzado presiones para que vendan sus propiedades, con el objetivo de facilitar la instalación del proyecto. Muchos se niegan. No quieren vender, no quieren más basura, y tampoco quieren que el futuro de su comunidad se decida desde un escritorio en Palacio de Gobierno.
Porque el malestar no es solo por la recicladora.
También es por los personajes que la impulsan.
En Tlaxcala hay cada vez más voces que cuestionan la creciente influencia de funcionarios provenientes de Morelos, quienes —según se dice en voz baja y cada vez más fuerte— han encontrado en el gobierno estatal una plataforma para hacer negocios y consolidar poder político.
La apuesta, dicen algunos operadores, sería incluso mantener esa influencia en la próxima administración, impulsando la continuidad de la llamada Cuarta Transformación en la entidad.
Pero el cálculo podría fallar.
Cada vez son más los políticos tlaxcaltecas —incluidos morenistas— que empiezan a mostrar incomodidad con este grupo externo que llegó al estado con demasiado poder y demasiado apetito.
A ello se suma un antecedente que tampoco ha desaparecido de la memoria pública.
En marzo de 2023 se hizo público que Luis Antonio Ramírez fue denunciado por incumplir con la pensión alimenticia de su hijo, lo que derivó en una orden judicial para retener el 35% de su salario. La denuncia fue presentada por su expareja Tania Vianey Rodríguez González, quien acusó que el funcionario utilizaba sus conexiones políticas para evadir responsabilidades.
Pero el antecedente quedó registrado.
Y hoy vuelve a salir a la conversación pública cuando se habla del funcionario que, dicen sus críticos, pretende convertirse en el gran operador del negocio de la basura en Tlaxcala.
… Mientras tanto, en otro frente del mismo gobierno, la crisis política también se cocina… pero con micrófono.
Porque si algo le sobra al actual vocero del gobierno estatal Antonio Martínez Velásquez, es entusiasmo para hablar. Lo que parece faltarle es información.
En uno de los llamados “diálogos circulares”, el vocero decidió lanzar una acusación contra el Congreso local: afirmó que cada diputado le cuesta al erario público 16.2 millones de pesos al año y que él estaría dispuesto a ayudar a la presidenta Claudia Sheinbaum a quitar privilegios a los legisladores.
La declaración duró unos minutos.
La respuesta política llegó en segundos.
El presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, Ever Campech Avelar, desmintió categóricamente la afirmación y acusó al vocero de interpretar erróneamente el presupuesto del Poder Legislativo.
Explicó algo básico en administración pública: el presupuesto de un poder no se divide entre el número de titulares.
Ese dinero cubre sueldos de trabajadores de base y confianza, mantenimiento del edificio, servicios, obligaciones laborales y otras áreas administrativas.
Así de absurdo.
Por eso, desde el Congreso ya le enviaron un mensaje claro al funcionario estatal: que deje de entrometerse en asuntos de otros poderes, que se informe y que evite transparentar su ignorancia.
Tal vez la recomendación también debería llegar desde otro lado.
Desde Palacio de Gobierno.
Porque si algo empieza a quedar claro es que la gobernadora Lorena Cuéllar debería ponerle un bozal a su vocero. Cada vez que abre la boca genera un nuevo conflicto político que termina salpicando a su propia jefa.
