La impunidad es lo que opera y la falta de transparencia el ingrediente adicional para un gobierno lleno de simulación, mentiras y rodeado de personajes delictivos.
El Petardo / La Opinión de Adolfo Tenahua Ramos
La crisis en los penales de Tlaxcala ha alcanzado un punto crítico, donde los propios internos advierten que sobrevivir se ha convertido en un reto diario. El testimonio de un reo, que suplica “no quiero amanecer muerto”, es la prueba más cruda de un sistema penitenciario que, según denuncias, opera fuera del control del Estado.
El caso de Ventura Holguín, quien ha difundido públicamente su situación, revela un entorno marcado por amenazas constantes y presuntos atentados. En su denuncia, señala que su vida corre peligro y acusa la existencia de agresiones planeadas dentro del penal, donde incluso otros internos serían utilizados como instrumentos para ejecutar ataques que posteriormente se clasifican como simples “riñas”.
Estas versiones coinciden con otros señalamientos sobre una estructura interna de extorsión y cobros ilegales que, lejos de ser erradicada, seguiría funcionando con total impunidad. La reiteración de estos testimonios apunta a un problema estructural que no ha sido atendido de fondo. Esto evidencia a un gobierno sordo que presume combate a la violencia y un mundo de colores que deja en ridículo a la ex priista Lorena Cuéllar Cisneros.
Hasta ahora, no se han dado a conocer investigaciones transparentes ni medidas efectivas que garanticen la seguridad al interior de los centros penitenciarios, lo que refuerza la percepción de un gobierno indiferente y corrupto ante una crisis que se agrava.
Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Martín Perea Marrufo, también ha sido señalado por su mal manejo del tema.
Se ha dedicado a minimizar las denuncias, niega la gravedad de los hechos y justifica la situación en lugar de atenderla con firmeza. Su actuación, catalogada como negligente, ha incrementado la desconfianza hacia las autoridades responsables de garantizar el orden.
La agencia de la mafia
La administración encabezada por Lorena Cuéllar Cisneros se ha convertido en una empresa de colocación de funcionarios con “presuntos” antecedentes penales o relacionados con hechos graves.
Uno de los casos es el de Armando N., quien formó parte de la Secretaría del Bienestar y posteriormente fue señalado por su presunta relación con el homicidio de la pareja Tello oriunda de Puebla y localizada en los límites de esa entidad y Tlaxcala.
El hecho de que un perfil con ese nivel de señalamientos haya tenido cabida dentro de la estructura gubernamental es un error grave de complicidad y corrupción.
Pero el foco más delicado se centra en decisiones recientes dentro del círculo de poder. Investigaciones periodísticas han revelado la operación de redes de contrabando de combustible a través de empresas fachada, en esquemas que involucran millonarias pérdidas para el erario.
En ese contexto aparece el nombre de Ricardo Peralta Saucedo, señalado en dichos reportes y, aun así, designado por la gobernadora como representante de Tlaxcala en la Ciudad de México. Su historial previo ya había sido objeto de críticas por presuntas irregularidades durante su paso por Aduanas. Se trata de un personaje con severos antecedentes delictivos y que pese a su pasado oscuro fue colocado como funcionario estatal.
A la par, el desgaste político en municipios como Nanacamilpa se ha hecho evidente. Productores del campo confrontaron a la mandataria estatal, reclamando falta de apoyos y promesas incumplidas, reflejo de un descontento social que se acumula frente a la falta de resultados tangibles.
Por si fuera poco, su escolta de nombre Omar G., fue cesado como escolta de la mandataria luego de protagonizar un bochornoso accidente en la carretera México-Veracruz.
La suma de estos elementos —perfiles vinculados a hechos delictivos, decisiones polémicas en nombramientos y un creciente malestar social— ha alimentado una narrativa crítica que señala a la actual administración como un gobierno que no ha logrado blindarse de personajes cuestionados.
Pareciera que la mandataria tiene relación o nexos con personajes que tienen vínculos con acciones ilícitas, sin realizar una revisión minuciosa los contrata por pagos o favores políticos o bien consiente de la pésima reputación que tienen y que poco le importa dañar a los tlaxcaltecas con el comportamiento ruin de sus funcionarios.
Lo anterior demuestra que la mandataria no conoce o avala la contratación de estos personajes que ponen en duda y en riesgo el funcionamiento de la administración pública, pero sobre todo está en riesgo la integridad del pueblo y conste que la ex priista dice que “Ama a Tlaxcala”, ¿Usted le cree? ….
