En vida los oficiales solicitaron mejoras laborales y la dotación de equipo, pero las palabras fueron letra muerta para la autoridad.
El Petardo / La Opinión de Adolfo Tenahua Ramos
En Tlaxcala, la narrativa oficial insiste en una realidad que no existe. Mientras la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros repite, como mantra político, que el estado es el más seguro del país, en municipios como Tlaxco la muerte tiene uniforme… y carece de protección. Ahí, los policías no sólo enfrentan a la delincuencia organizada: lo hacen sin chalecos antibalas, sin respaldo institucional y, peor aún, sin la certeza de que, si caen, alguien responderá por ellos.
La tragedia reciente no es un accidente. Es consecuencia. A la fecha dos policías muertos pesan más que cualquier discurso. Y pesan directamente sobre la administración municipal que encabeza Diana Torrejón, quien heredó un problema, sí, pero lo dejó crecer hasta volverse insostenible. Porque aquí no hay matices: cuando un policía sale a patrullar sin equipo, no es valentía institucional, es abandono.
El libreto gubernamental es predecible. Honores póstumos, palabras solemnes, promesas de justicia. Se habla de héroes caídos en cumplimiento del deber, pero se omite deliberadamente lo esencial: esos héroes pidieron ayuda en vida. Solicitaron chalecos, armamento, mejores condiciones. Suplicaron lo mínimo indispensable para no ser carne de cañón. Nadie escuchó.
En Tlaxco, los policías patrullan con botas desgastadas y casacas que cuentan más historias que protección. Enfrentan a grupos criminales con desventaja estructural, mientras desde la oficina principal se acumulan los pretextos. No hay presupuesto, dicen. No hay procesos concluidos. No hay tiempo. Lo que sí hay es negligencia.
La renuncia del comisario Francisco Javier Carreto no es un hecho aislado; es un síntoma. El relevo improvisado en la figura de Roberto Munguía Carmona confirma lo que se murmura dentro de la corporación: el hartazgo llegó primero que las soluciones. Y detrás, una desbandada silenciosa. Al menos una docena de policías habrían dejado el cargo. No por cobardía, sino por supervivencia.
Pero el dato más alarmante no es la fuga de elementos ni la descomposición interna. Es la incapacidad para cumplir incluso después de la tragedia. La promesa de un “seguro” para la familia de Mario Hernández Gómez sigue atrapada en el limbo burocrático. El secretario del ayuntamiento Julio Cesar Ascensión Quiroz lo dijo sin rubor: todo está en trámite. En otras palabras, no hay nada.
Gobernar no es administrar discursos, es tomar decisiones. Y en Tlaxco, la decisión ha sido postergar lo urgente. Han pasado 20 meses y la brújula no aparece. La presidenta municipal luce aislada, sin un gabinete que la respalde, sin una estrategia clara y, lo más grave, sin coordinación efectiva con el gobierno estatal. Un gobierno solo, es un gobierno débil.
En medio de esta crisis, resulta no sólo incomprensible, sino ofensivo, que se anuncien proyectos como una Sala Inmersiva del Agua. No es un problema de visión cultural; es un problema de prioridades. Cuando los policías mueren por falta de equipo, cualquier inversión que no sea en seguridad se convierte en un lujo inmoral.
Tlaxco no necesita simulación. Necesita decisiones. Necesita chalecos, capacitación, seguros de vida, salarios dignos. Necesita autoridad.
Porque la pregunta ya no es retórica ni política. Es brutalmente concreta:
¿Cuántos policías más tendrán que morir para que alguien asuma la responsabilidad?.
