En la Ley de Ingresos 2026 existieron inconformidades por parte de empresarios y propietarios de establecimientos comerciales.
El gobierno municipal de Apetatitlán, encabezado por Azaín Ávalos Marbán, enfrenta un nuevo escándalo jurídico luego de que el gobierno federal promoviera una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por presuntos cobros indebidos incluidos en la Ley de Ingresos 2026.
La demanda federal va dirigida contra el artículo 41 de dicha ley, donde el ayuntamiento estableció cobros equivalentes al 60 por ciento del valor de apertura para renovar licencias de funcionamiento a gasolineras, centros comerciales, estaciones de carburación y naves industriales.
El esquema impulsado por la administración de Azaín Ávalos podría representar una medida recaudatoria desproporcionada que rebasaría los límites constitucionales en materia tributaria, razón por la cual la Federación decidió intervenir directamente ante el máximo tribunal del país.
El caso quedó registrado bajo la controversia constitucional 19/2026 y fue turnado a la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien admitió a trámite el recurso promovido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Sin embargo, lo que más llamó la atención dentro del expediente judicial fue la omisión del propio Ayuntamiento de Apetatitlán, ya que la SCJN confirmó que el municipio no respondió dentro del plazo legal para defenderse, pese a haber sido notificado formalmente por autoridades federales.
La falta de reacción del gobierno municipal provocó que la SCJN tomara las decisiones que consideró pertinentes.
Y es que desde la aprobación de la Ley de Ingresos 2026 existieron inconformidades por parte de empresarios y propietarios de establecimientos comerciales, quienes consideraban excesivos los nuevos cobros impulsados por la administración municipal.
De esta manera, el edil pretendía realizar aumentos excesivos en los cobros, fiel a su estilo de inflar acciones, cobros, y adquisiciones para engrandecer su patrimonio.
