Las declaraciones del funcionario ponen en duda la efectividad de la estrategia de seguridad del gobierno de Cuéllar especialmente cuando continúan reportándose robos, desapariciones, violencia y operaciones de grupos provenientes de entidades vecinas.
Aunque durante el gobierno de Lorena Cuellar el discurso oficial insistió en que Tlaxcala se mantenía al margen de los problemas de inseguridad que golpean a otras entidades, declaraciones recientes del secretario de Gobierno, Luis Ramírez Hernández, encendieron nuevamente las alertas sobre la presencia y movilidad de grupos delictivos en territorio tlaxcalteca.
El funcionario reconoció que la movilidad interestatal de la delincuencia ya afecta a Tlaxcala y admitió que existe preocupación por evitar que grupos locales se alíen con cárteles provenientes de otros estados, situación que evidencia el nivel de riesgo que enfrenta actualmente la entidad.
“Lo que buscamos es impedir que grupos delincuenciales locales se coaliguen con cárteles”, declaró el secretario de Gobierno al hablar sobre la estrategia de seguridad implementada en coordinación con autoridades federales.
Aunque Ramírez Hernández sostuvo que el crimen organizado “como tal” no opera en Tlaxcala, sus propias declaraciones reflejan que las autoridades mantienen vigilancia precisamente para impedir vínculos entre bandas locales y organizaciones criminales de mayor alcance.
Las declaraciones del funcionario ponen en duda la efectividad de la estrategia de seguridad del gobierno de Cuéllar especialmente cuando continúan reportándose robos, desapariciones, violencia y operaciones de grupos provenientes de entidades vecinas.
Aunque el gobierno asegura mantener coordinación permanente con fuerzas federales y corporaciones de seguridad, en los hechos ha quedado evidenciado la operación de cárteles, que el gobierno se niega a reconocer como problema e insiste en sus discursos fallidos y trillados de que son agrupaciones que no operan en Tlaxcala.
El propio secretario afirmó que la coordinación en materia de seguridad continuará hasta el último día de la administración estatal, reconocimiento que refleja que el problema está lejos de resolverse y que el riesgo de expansión criminal sigue latente en Tlaxcala.
