Se lava las manos Lorena Cuéllar y les da la espalda a 60 municipios en plena crisis de basura
El gobierno sabía desde hace meses que Atlangatepec estaba colapsado.
Sin plan B, sin infraestructura propia y sin apoyo real, el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros notificó a los 60 ayuntamientos de Tlaxcala que a partir del 31 de octubre se quedan sin relleno y que deberán resolver por su cuenta a dónde llevar la basura.
La notificación fue enviada el 22 de octubre por la Secretaría de Medio Ambiente, firmada por Pedro Aquino Alvarado. En el documento se les informa del cierre definitivo del sitio de Atlangatepec, ordenado por la Profepa mediante una resolución de clausura, y se les recuerda que la Declaratoria de Emergencia Ambiental por la saturación de la infraestructura fue publicada por el propio gobierno estatal el 15 de octubre.
Es decir, el gobierno sabía desde hace meses que Atlangatepec estaba colapsado, emitió una declaratoria de emergencia reconociendo que no hay a dónde llevar los residuos y, aun así, esperó hasta la última semana de octubre para avisar que los convenios con los que el Estado asumía temporalmente la disposición final se terminan el 31 de octubre.
En los oficios, la administración estatal es clara y emitió que la obligación jurídica y financiera de garantizar la recolección, el traslado y el destino final de la basura es exclusivamente de los municipios.
La solución que ofrece el Estado es llevar la basura a un particular. Aunque no lo pone por escrito en la notificación oficial, el gobierno recomendó verbalmente a los 60 municipios utilizar el relleno de Xotla, en la zona centro-norte del estado. Para convencerlos, habría gestionado una tarifa preferencial de 260 pesos por tonelada. Esa tarifa, sin embargo, no aparece en ningún documento oficial.
La mayoría de los ayuntamientos, bajo presión y sin tiempo para buscar otras opciones, habría aceptado entrar en un periodo de prueba de dos meses hasta diciembre de 2026 para evaluar costos de traslado, capacidad operativa y viabilidad. Si les conviene, seguirán en 2027; si no, tendrán que buscar otro sitio en enero, en plena cuesta financiera.
El gobierno estatal no construyó un nuevo relleno regional, no habilitó infraestructura estatal y no previó el cierre que la propia Profepa ordenó. Prefirió dejar que Atlangatepec llegara a su saturación crítica y ahora traslada el problema, con todo y los costos de diésel, camiones y peajes más largos, a las tesorerías municipales más pobres del país.
A partir del 31 de octubre, si la basura se queda en las calles, la culpa será de los alcaldes. Esa es la estrategia del gobierno de Lorena Cuéllar declarar la emergencia, cerrar el relleno y dejar solos a los 60 municipios con una recomendación de negocio privado bajo el brazo.
Se quiso lavar las manos, dejar solos a los municipios, lejos de trabajar en conjunto para corregir el problema ambiental, la mandataria se salió por la puerta fácil y decidió marcar sus límites y olvidarse de los munícipes, aquellos a quien tanto vociferó que eran sus aliados y que siempre tendrían su apoyo, hoy Cuéllar les da la espalda y les paga mal deslindándose de un problema que ella misma generó.
